miércoles, 20 de enero de 2010

UNIVERSIDADES Y JUSTICIA

Cuando juzgamos la calidad de la administración de justicia en el país, inmediatamente asociamos el tema al desempeño del Poder Judicial, integrado por jueces. Pero deberíamos tener un horizonte más amplio, ya que esa calidad depende en realidad de todo un sistema de justicia, compuesto por muchos órganos. Entre ellos, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El CNM nombra a todos los jueces y fiscales del país, los que una vez nombrados, son ratificados cada 7 años también por el CNM. Por último, puede además, decidir directamente la destitución de los magistrados supremos, y a modo de segunda instancia, la del resto de magistrados. Es entonces, el órgano que define en el Poder Judicial y en el Ministerio Público algo que es decisivo en todo: el componente humano.

Poderoso órgano, que de acuerdo a la Constitución, es independiente de los tres poderes del Estado; y cuyos miembros, una vez elegidos, no tienen que consultar con nadie sus decisiones. Quienes además pasan a tener estatus de vocal supremo, estabilidad laboral por 5 años, la máxima remuneración de la admistracion pública, carro con chofer y solo pueden ser destituidos por el Congreso.


Y por esas cosas raras de la vida, la composición que tiene el CNM en el Perú es –por lo menos en teoría– muy original. Son 7 sus integrantes: un representante elegido por la Corte Suprema y otro por los fiscales supremos. Los otros 5, ya no son elegidos por entidades del Estado sino de la sociedad civil: uno por los rectores de universidades públicas y otro por los de las privadas; uno por los abogados y otros dos por todos los otros profesionales.

Recordamos precisamente ahora todo esto sobre el CNM, porque se acaban de echar a andar los procesos electorales para renovar a 5 de sus 7 miembros; a los 2 representantes de las universidades y a los 3 de los colegios profesionales.

Primero les toca a los rectores, quienes deben terminar eligiendo en febrero; y hay que reconocer que esta vez la cosa ha comenzado bien, pues la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha aprobado un reglamento de elección para una mayor transparencia. En él se contempla un cronograma y se dispone que se informará oportunamente sobre quiénes son los candidatos, sus hojas de vida y las razones por las que han sido presentados por los rectores, los cuales podrán interponer tachas.

Pero ahora les toca concluir la obra iniciada. Es urgente, en primer lugar, que cada rector haga una intensa difusión de estas elecciones en sus universidades, para que la comunidad académica esté enterada de la gran responsabilidad que tienen entre manos, y para que pueda haber un grupo plural de candidatos.

También es clave que los rectores estén muy atentos de que el reglamento se cumpla. Por ejemplo, la ANR deberá hacer público los nombres de los candidatos aptos -luego de verificar que cumplen con los requisitos de ley-, en una fecha que permita el tiempo suficiente para conocer e investigar mínimamente las trayectorias de estos. Hay que tener mucho cuidado, ya antes han habido muchas sorpresas sobre hojas de vida fraguadas.

Lo último, y lo más difícil que le toca hacer a los rectores, es lograr que, finalmente, salgan elegidos los dos mejores candidatos (los dos titulares, ademàs de los dos suplentes). Es lo más difícil porque la forma de elección prevista no es la más justa, ya que los votos de cada uno de los 70 rectores que componen actualmente la ANR, valen igual, por más que estén representando a universidades muy distintas en antigüedad, calidad académica, tamaño y trayectoria. Así, el voto del rector de San Marcos o de la Cayetano Heredia, pesa igual que el de los rectores que representan a universidades de muy reciente creación, y cuya calidad académica es dudosa.

Esta regla de “un rector, un voto“, sin tomar en cuenta las diferencias del peso de las universidades (algo que habría que revisar), es lo que permite que se den componendas por debajo de la mesa entre determinado tipo de universidades, que pueden terminar imponiendo a candidatos no idóneos. No está de más recodar que no son pocas las universidades que vienen enfrentando conflictos judiciales, en los que se juegan hasta su propia sobrevivencia como institución. Así, para algunas puede ser especialmente relevante poner en el CNM a alguien de confianza y que les deba un favor.

¿Qué pueden hacer los rectores honestos y responsables contra este tipo de maniobra? Ayudar a que la transparencia del proceso permita que, desde antes de la votación, la ciudadanía tenga claro cuáles son los mejores candidatos y cuáles inidóneos. Esto, en función de criterios objetivos (trayectoria, perfil, propuestas); y si ese tipo de diferenciación es posible de hacer, no tendría nada de malo que también se pudiera saber de antemano, cuáles son las universidades que están respaldando a candidatos que se lo merecen, y cuáles a los otros .


Este nivel de transparencia impediría la maniobra del hecho consumado e irreversible, y más bien generaría oportunamente una alianza entre dichos rectores, con sectores clave de la ciudadanía. Porque si bien es cierto que son los rectores a los que la Constitución les ha otorgado el derecho a elegir a los representantes de la universidad ante el CNM, la ciudadanía tiene al respecto, dos derechos (deberes): 1) que las elecciones sean efectivamente tranparentes y justas; y 2) que los rectores cumplan bien con esta atribución, es decir, en base a la racionalidad y no a la arbitrariedad.

Si al haber candidatos incuestionables, se sabe que hay rectores dispuestos a votar por los cuestionables, ellos tienen que saber que serán puestos en cuestionamiento por sus comunidades académicas y por la ciudadanía en general.


Por el contrario, si los rectores responsables y honestos logran poner en el CNM dos representantes de primer nivel, merecerán el más alto reconocimiento de todos. Porque, como hemos dicho, de la buena calidad del CNM depende la buena calidad de los jueces y fiscales, lo principal para una recta impartición de justicia.

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Fuente: Justicia Viva Mail.
Ernesto de la Jara Basombrío

Director de Justicia Viva