viernes, 12 de febrero de 2010

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El 15.12.2009; el Dr. Ernesto Álvarez, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, ha públicado en su blog personal http://ernestoalvarezmiranda.blogspot.com/ un artículo denominado "PARA QUE LAS UNIVERSIDADES PUEDAN VOLAR", en el mencionado trabajo académico, con un lenguaje alturado pero absolutamente realista describe la fragilidad y situación actualidad en cuanto a la calidad de Universidades y de los estudiantes que se forjan en ellas.


Para que las universidades puedan volar.


¿Sería desfavorable para el consumidor que cien líneas aéreas oferten sus productos en el mercado peruano? ¿Se imagina usted que ochenta empresas ofrezcan vuelos a distintas horas, precios y características al Cuzco? ¿Sería malo o bueno para usted y su familia?

En principio, el beneficio para el usuario es obvio, los precios de los pasajes caerían por efecto de una competencia comercial despiadada, y en cada vuelo se incluirían masajes, finos licores y los mejores espectáculos en vivo. Es más, como es lógico, lo reducido del mercado nacional no permitiría la existencia de cien aerolíneas, las preferencias de los consumidores decidirían cuáles cierran y cuáles sobreviven.

¿Por qué no sucede lo mismo con el sistema universitario, si es igualmente un servicio público aparentemente sujeto a libre elección del usuario?

Mientras que cada empresa aérea está sujeta a diversos controles del Estado de conformidad con exigentes estándares internacionales, que norman tanto su acceso al mercado como su funcionamiento al detalle, las universidades sólo tienen que pasar un leve control de la CONAFU, que depende de la ANR, compuesta a su vez por los que vendrían a ser, presidentes de directorio de las líneas aéreas. Ni hablar de las medidas cautelares y amparos obsequiados por jueces de dudosa cordura.

De hecho, la mayoría de universidades no cumplen un mínimo de condiciones para operar y fracasan en el cumplimiento del supuesto objetivo básico de brindar una formación profesional suficiente. Traducido al servicio de transporte aéreo de pasajeros, la mayoría de vuelos no llegan a su destino, los aviones se caen.

En un caso, provocan la muerte de los usuarios, en el otro, la frustración del proyecto de vida de los graduados. Se trata de decenas de miles de personas con la vida destrozada.

Sería lógico pensar entonces que, ante esa realidad, los potenciales usuarios se abstendrían de adquirir pasajes y de viajar en líneas aéreas que no tengan un notorio reconocimiento de eficiencia. ¿Por qué tantos padres de familia continúan matriculando a sus hijos en universidades pésimas o mediocres? Porque el Estado asume la responsabilidad de la formación académica deficiente, autorizando que el maltrecho título circule en el mercado “a nombre de la Nación”, porque en los concursos públicos el Estado otorga igual puntaje al titulado, maestro o doctor, indiferentemente al nivel de calidad de la institución educativa.

¿Por qué existen entonces cien universidades en el Perú? Porque el Estado se ha esmerado en que exista un mercado educativo para todas ellas. Esto es, ha promovido que exista una demanda suficiente. A diferencia de cuando había que estudiar medio año para tentar un dificultoso ingreso, hoy cualquier joven se siente en la posibilidad de convertirse en un señor universitario, sin que cuente en absoluto su capacidad intelectual y, con la masificación de la universidad pública, tampoco su capacidad económica.

¿Es dañino que una línea aérea ofrezca el servicio del lujo, con el ánimo de lucrar? Evidentemente no, si encuentra clientes que paguen su exclusividad. ¿Es pernicioso que una universidad tenga como finalidad el enriquecimiento de sus dueños? No, mientras cumpla con brindar un servicio de óptima calidad, es decisión de los usuarios.

El problema entonces no está en el diseño del modelo de línea aérea, de bajo costo o con servicio de lujo, como tampoco está en el modelo de universidad: profesionista, de formación integral y religiosa, o gratuita que busque generar igualdad de oportunidades. El problema estriba en que, en el tema educativo, el Estado renunció a regular la oferta con el mito de la autonomía universitaria, entendida en el contexto histórico de 1919, y desvirtuó la demanda permitiendo que cualquier joven logre ser médico o abogado, con título oficial, sin talento ni esfuerzo.

En el marco de la economía social de mercado, y aún más tratándose de un servicio público, el Estado debe regular directamente el acceso y la permanencia en el mercado de cualquier entidad ofertante, así como debe regular la demanda siguiendo las líneas básicas de la lógica del mercado educativo, necesariamente vinculado a las necesidades reales del mercado laboral.
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