viernes, 12 de febrero de 2010

Corte Suprema dirimió competencia en el caso Ariza: en democracia no se amenaza sino se acatan los fallos.

Mediante comunicado público del 8 de febrero último, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República ha dirimido competencia a favor de la justicia militar y policial en el caso del espía Víctor Ariza Mendoza, para que sea juzgado por delito contra la defensa nacional en la modalidad de traición a la patria en tiempos de paz. Similar decisión adoptó en el caso del procesado Justo Ríos Aguilar.

Al mismo tiempo, la Sala Penal Permanente decidió que la justicia ordinaria siga conociendo e investigando al suboficial Ariza por el delito de lavado de activos, que es otro de los delitos que se le imputan. A la vez, también dispuso que la justicia ordinaria siga conociendo e investigando a dos ciudadanos extranjeros por instigación al delito contra el Estado y la defensa nacional, en las modalidades de revelación de secretos nacionales y espionaje en contra del Estado peruano.



Contrariamente a las altisonantes declaraciones periodísticas del actual Presidente del Tribunal Supremo de justicia militar y policial, si bien es cierto la Corte Suprema ha dirimido a favor de la justicia militar para que juzgue el delito de traición a la patria en tiempos de paz perpetrado por Ariza, ha tenido el cuidado de realizar una cirugía procesal en este proceso y precisar que hay dos delitos que seguirán siendo de competencia de la justicia ordinaria: el supuesto delito de lavado de activos del suboficial Ariza y el supuesto delito de espionaje por parte de dos ciudadanos extranjeros (presuntamente chilenos).

Esto último es muy importante de cara a nuestra relación con el país sureño y a las investigaciones internas que nuestro país pueda exigirle: estas dos personas supuestamente chilenas, en su momento sólo podrían ser juzgadas y condenadas en el Perú por tribunales que cuenten con la garantía de “independencia e imparcialidad”, consagrada por el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y la justicia militar en nuestro país lamentablemente no cumple con ese estándar internacional tomando en cuenta la jurisprudencia de la Comisión y la Corte interamericanas, más allá que el Tribunal Constitucional (TC), a fines del 2009, haya virado por completo su jurisprudencia sobre este tema y ahora diga que la justicia militar es independiente e imparcial a pesar que los jueces y fiscales militares son oficiales en situación de actividad y son designados por el Presidente de la República y no por el órgano autónomo constitucionalmente encargado de designar a todos los jueces y fiscales del país, como es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En su momento, IDL se pronunció sobre este caso considerando que por diversos fundamentos constitucionales y de conveniencia para el país, debía ser el fuero común y no militar el que juzgara por completo este caso de espionaje. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República ha sido de opinión distinta y no queda otro camino en democracia que acatarlo. Ésa es la diferencia de vivir en un Estado de Derecho y no en una dictadura como la de Fujimori y Montesinos, en la que no sólo no se acataban sentencias judiciales -y los afectados se veían obligados a recurrir a instancias internacionales-, sino que además se amedrentaba y amenazaba a los escasos jueces y juezas independientes con denuncias penales o destituciones.

Hay que ir desterrando poco a poco estas conductas perjudiciales en nuestro país. Por ésta y otras consideraciones, es obvio que la correcta jueza Antonia Saquicuray actuó en este caso dentro del marco de la ley al considerar que le competía investigarlo y juzgarlo, al punto que de los tres supuestos hechos delictivos materia de investigación, la Corte Suprema ha dispuesto que la jueza Saquicuray siga conociendo dos de ellos (lavado de activos y espionaje). Por ende, es absurdo el anuncio del Presidente del Tribunal Supremo de justicia militar y policial que la denunciarán por prevaricato y refleja más bien una cultura judicial anclada en el pasado.

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Autor(a): David Lovatón Palacios
Fuente: Justicia Mail.