lunes, 22 de febrero de 2010

¡A PARAR LA FABRICA!!!

En el origen está el negocio. Un negocio que lucra de la expectativa de obtener un título profesional. Las condiciones sociales del país han hecho que demanda y oferta se degraden: un número creciente de universidades ofrecen graduar como abogado de la manera menos exigente posible y un enorme contingente de jóvenes buscan solo el diploma que diga que son abogados, aunque no lo sean de veras.

Este negocio reprobable –que perjudica gravemente a los ciudadanos que serán clientes de esos abogados– está respaldado en la ley. El decreto-ley 882 del fujimorato –al parecer, movilizado por los intereses particulares de un ex ministro de Economía– autorizó la universidad-empresa, con propósito de lucro. Muchos se han beneficiado de este régimen legal que ha pervertido la idea misma de universidad.

En 1986, 25 universidades ofrecían la carrera de Derecho a casi 35 mil estudiantes. En 2003, 46 universidades contaban con estudios de Derecho; casi todas las nuevas eran universidades privadas bajo el régimen legal creado por el fujimorato. Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), hoy en día hay unos 80 lugares donde se dice enseñar Derecho, en los que están matriculadas 82 mil personas. Teniendo en cuenta que en el país ya hay casi cien mil abogados, este número de estudiantes no guarda relación con las necesidades del país.

El zafarrancho lo hizo posible la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades, desde donde se autorizó laxamente el funcionamiento de universidades sin respetar el mínimo de requisitos legales. Un ex presidente de la Asamblea –que es uno de los responsables de ese mal manejo– hoy está ubicado en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde adopta posiciones que sin razones explícitas modifica luego, según le aconsejen las circunstancias.

Para establecer un lugar donde se matriculará a estudiantes de Derecho no hace falta casi nada. Menos si es una de las llamadas filiales –algunas instaladas en el garaje de una casa–, donde basta contar con un abogado o un egresado de derecho, un código, pizarra y tiza. Según un estudio mío hecho en 2004, en la mayor parte de las facultades de derecho las bibliotecas son pobres. Cuatro de cada cinco profesores de derecho no están dedicados a la universidad y siete de cada diez no han ganado el cargo por concurso. El CAL llama a esto “la pauperización de la enseñanza”.

La pobre calidad de la preparación profesional repercute directamente sobre la justicia porque es allí donde se forman los operadores del sistema : abogados litigantes, jueces, fiscales y funcionarios auxiliares. Cuando se examina expedientes judiciales, impresiona leer los recursos presentados por un número creciente de abogados cuyo sentido, como algunos jueces señalan, no resulta fácil desentrañar. La incidencia de estos abogados en el desenlace del proceso judicial es casi nula, de modo que el cliente, que cree contar con quien lo defienda, está abandonado en el proceso.

Al mismo tiempo, debe reconocerse que en el ejercicio profesional –severamente impactado por el “modelo” del doctor Montesinos– ahora importan menos conocimiento y razonamiento jurídicos. De allí que los egresados de aquellos centros donde la enseñanza es un simulacro puedan desenvolverse como si fueran abogados.

Si “los operadores del Derecho son responsables de coadyuvar a dar seguridad jurídica, generar confianza en las diversas actividades económicas, contribuir a la eficiencia de las transacciones y resolver de manera idónea los conflictos que pueden presentarse”, según recuerda el CAL, no es eso lo que se prepara en muchas de las llamadas facultades de Derecho del país.

La propuesta del CAL busca detener el despropósito. Se propone, en primer lugar, suspender las autorizaciones de funcionamiento y de creación de nuevas facultades de Derecho hasta que sea aprobado un sistema de evaluación y acreditación de calidad. Asimismo, se postula que todas las facultades de Derecho se sometan a un procedimiento de evaluación y acreditación de calidad, como el que ya existe para los estudios de Medicina, que en el caso de Derecho deberá establecerse dentro de los seis meses de aprobada la ley propuesta.

El CAL propone también acabar con el llamado “bachillerato automático” –otra de las perversiones introducidas por el fujimorato– y se vuelva a la presentación y aprobación de una tesis para obtener el grado de bachiller en Derecho. El título de abogado será obtenido a través de un examen de suficiencia profesional, suspendiéndose inmediatamente los mecanismos de titulación “exprés”, como los seminarios y cursos breves pero pagados que se publicitan en los diarios. Finalmente, se propone suspender el ingreso a los llamados “programas de educación a distancia” que ofrecen estudios de Derecho, hasta que se acrediten.

Doce ex decanos del CAL han respaldado esta propuesta que ahora busca firmas ciudadanas. Con este paso, el gremio de abogados avanza en un combate que inició, a través de la Junta de Decanos de Colegios de Abogados, hace siete años.

Al recabar firmas para una “iniciativa ciudadana” en materia legislativa, de acuerdo a la Ley 26300, el gremio de abogados de Lima intenta obligar al Congreso a que se ocupe del asunto. Porque, de hecho, un proyecto de ley sobre el tema, presentado por el propio CAL en 1999, fue ignorado por el Legislativo.



Si se lograra reunir el número de firmas que la ley exige (0.3% del padrón electoral) –aproximadamente 55,000–, el Congreso tendría que dictaminar y votar el proyecto en un plazo de 120 días calendario, alrededor de seis meses. Y en caso de que no lo aprobase, o lo distorsionase al aprobarlo, el asunto puede ser consultado en referéndum.

Confiemos en que se congregue el respaldo ciudadano necesario para poner fin a la estafa social de que se gradúen y ejerzan como abogados quienes no tienen el mínimo de preparación necesaria. Luego vendrá la delicada tarea de establecer el régimen de acreditación de facultades de Derecho que debe ser seriamente organizado y ejecutado.

Entretanto, es de esperarse que, así como el CAL avanza en esta batalla de interés ciudadano, cumpla con sus responsabilidades en materia de control y sanción del mal ejercicio profesional. En la casa de los abogados de Lima hay que dejar atrás la práctica de “otorongo no come otorongo”, que también ha hecho un grave daño al ejercicio profesional y a los ciudadanos mal protegidos por aquél a quien contrataron como defensor profesional de sus intereses.

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Fuente: Diario Perú 21
Autor: Luis Pásara / 21.09.08