viernes, 19 de febrero de 2010

¿QUIÉN ELABORÓ Y CORRIGIÓ EL EXAMEN DEL FISCAL GUILLÉN?

¿Quién elaboró el examen que se les tomó a los postulantes a ocupar las plazas de fiscales supremos, entre ellos el fiscal Avelino Guillén, y quién corrigió las respuestas del examen?
 
Debería tenerse acceso a este tipo de datos, por la transparencia en general de un concurso tan importante (se están nombrando a vocales y fiscales supremos, la cúspide de la jerarquía de dos instituciones poderosísimas, como lo son el Poder Judicial y el Ministerio Público), y porque ha habido quienes de manera evidente deberían haber pasado el examen (es el caso del fiscal Guillén, y otros que, para quienes los conocen, cuesta creer que lo hayan pasado).
 
Sin embargo, el grupo de Consejeros a cargo del presente concurso, presidido por Francisco Delgado de la Flor –no sabemos si de acuerdo o en desacuerdo con el resto de Consejeros– ha decidido hasta ahora mantener estos datos ocultos.
 
Pero igual que otros periodistas, nosotros sabemos quiénes han estado a cargo de los exámenes.
 
El Consejo convocó esta vez al jurista Raúl Ferrero Costa para que él estuviera a cargo de preparar y corregir el examen que se tomarían a los referidos postulantes.
 
Él, quien no sólo es un buen jurista y experto en temas de justicia desde hace décadas, aceptó y sugirió otros dos nombres. Planteó así que él se podría encargar de la materia constitucional, Leysser León de la civil y Mario Amoretti Pachas estaría a cargo de confeccionar y corregir el examen para los postulantes a vocalías y fiscalías especializadas en asuntos penales.
 
Las dos sugerencias de nombres fueron aceptadas por la Comisión de Nombramiento de Magistrados del CNM.
 
Estas tres personas entregarían las preguntas un sábado por la noche, el examen sería tomado el domingo, y en el mismo día los exámenes serían corregidos y entregados al Consejo. Y al parecer así se hizo.
 
El examen consistió, en cada caso, en una pregunta general sobre el Sistema de Justicia y en abordar un caso según la especialidad de cada postulante.
 
La pregunta general habría sido, para todos, reflexionar sobre el precedente vinculante y su evolución en nuestro ordenamiento jurídico, pregunta absolutamente apropiada.
 
El caso en materia penal fue el que se originó en el video Kouri - Montesinos, decisivo para la caída de Fujimori, caso que culminó con la condena de ambos.
 
Cada postulante podía entrar a rendir el examen con el material que habitualmente se consulta para resolver los casos (normas, manuales, etc.), y podían redactar sus respuestas primero escritas manualmente y después dictarlas a una persona (la información es que todos los que han tipeado estos exámenes serían profesores de la Universidad San Martín, lo que habría que confirmar), o ellos mismos tipear sus respuestas.
 
En el caso de Guillén, él optó por primero desarrollar el examen de manera manuscrita, y luego dictó el texto al personal de apoyo, pidiendo se adjuntara a lo tipeado e impreso, su manuscrito.
 
Sin embargo, quienes corrigieron el examen sólo accedieron a lo tipeado e impreso, ya que de esa manera se cumplía con el objetivo de mantener el anonimato de los postulantes frente a los juristas a cargo de la corrección del examen.

Es por ello, que Ferrero, León y Amoretti reciben los exámenes solo con un código de barras, y no con un nombre, y luego los del CNM, una vez que estuvieron ya los exámenes calificados, vieron a qué nombre le correspondía cada código de barras.

Sobre estos hechos nuestra preocupación es:

¿Qué pasó desde que los juristas corrigieron los exámenes hasta que se le adjudicó cada nota a cada postulante? Es importante aclarar este punto porque, es en esta etapa, donde pudo de haberse producido una irregularidad.
 
Nuestra segunda preocupación tiene que ver con que haya sido Mario Amoretti, quien haya corregido el examen dado por Avelino Guillén.
 
No hay duda de que estamos ante un penalista reconocido y de prestigio, pero lo cierto es que él, y los otros abogados de su estudio, han llevado varios casos relacionados con violadores de derechos humanos y personas procesadas por corrupción.
 
En materia de derechos humanos ha sido, por ejemplo, abogado del principal acusado en los casos de Pucará, los desaparecidos de la Universidad del Centro y torturas de Leonor La Rosa.
 
En materia de corrupción se ha desempeñado como abogado de todos los casos (cerca de 20) de Alberto Venero, conocido como el cajero de Montesinos, José Portillo, ex jefe de la ONPE, Luis Bedoya de Vivanco.
 
Sus socios del Estudio, los abogados Roy Frey, padre e hijo, también han patrocinado casos del mismo tipo, tales como el de Calmell y Luccetti, y quienes en la actualidad patrocinan nada menos que a Rómulo León Alegría.
 
No es ilegal llevar este tipo de casos, por más que en ellos la grave responsabilidad penal salte a la vista, y haya quienes por eso mismo prefieren evitarlos.
 
El problema es que el haber llevado estos casos ha determinado que permanentemente Amoretti haya estado en la orilla opuesta a la de Avelino Guillén.
 
Mientras que Guillén, como fiscal, una vez que investiga y formaliza denuncia, busca probar el delito; Amoretti, en su rol de defensor, busca lo contrario: que se absuelva al procesado.
 
No hay duda de que Avelino Guillén, al haber sido el fiscal acusador en muchos casos de derechos humanos y de corrupción (incluidos los de Fujimori en ambas materia), se ha convertido en un símbolo de la lucha del Estado contra la impunidad en este tipo de delitos.
 
Es más, hay casos en los que se han encontrado frente a frente Guillén contra Amoretti. Por ejemplo, durante los procesos contra Alberto Venero, en los que Guillén logró sentencias condenatorias, derrotando a Amoretti en cuanto a sus pretensiones de que el acusado fuera absuelto.
 
¿Cuánto puede haber influido en Amoretti todo esto a la hora de corregir el examen de Guillén?
 
Es cierto que el examen fue anónimo, pero, justamente, el tipo de razonamiento que debe haber hecho Guillén sobre el caso Kouri - Montesinos, absolutamente en la línea anticorrupción y pro derechos humanos, podrían haber permitido su identificación.
 
También es cierto, que sería absurdo sostener que es inexorable que quien ha sido abogado defensor se vengue del fiscal al que se ha enfrentado en determinados procesos, desaprobándolo arbitrariamente en el examen. Siempre cabe la posibilidad que la talla de jurista prime sobre ese tipo de actitud tan arbitraria, mezquina y que –era fácil de prever– tarde o temprano generaría un escándalo, como el que ha ocurrido.
 
Pero a la vez está la pregunta que todo el mundo se hace: ¿cómo puede ser que Guillén, como fiscal, haya logrado en la vida real, en base a su profesionalismo, que Kouri y Montesinos terminen condenados, y que a la hora de dar un examen sobre ese mismo caso, su argumentación sea tan pobre que quedó muy lejos de la mínima nota aprobatoria? Mientras que otros postulantes, algunos de ellos de dudosa reputación (en términos de honestidad y capacidad) fueron aprobados.
 
A favor de la hipótesis de que no necesariamente Amoretti jaló en venganza a Guillén, es que quien sugirió al Consejo su nombre, Raúl Ferrero, no sólo es un jurista reconocido, sino que siempre ha estado en contra de Fujimori, quien presidió el régimen que ha generado la gran parte de casos de corrupción y de derechos humanos que se están juzgando. Ferrero ha sido hasta víctima del golpe del 5 de abril, ya que era congresista cuando el dictador decidió disolver el Congreso.
 
Sería absurdo, entonces, pensar que Ferrero sugirió el nombre de Amoretti para perjudicar al fiscal cuyo papel fue decisivo para la condena de Fujimori a 25 años. Prueba de que Ferrero está seguro de su actuación es que ha sido uno de los primeros en firmar el pronunciamiento que está circulando a favor del fiscal Guillén.
 
Sin embargo, no se puede negar, que a fin de evitar toda suspicacia o conflicto de intereses, hubiera sido mejor que fuera otro el penalista que corrigiera las pruebas de los fiscales, y en especial la de Guillén.
 
El Consejo debió percatarse de ello, y pedirle a Ferrero otros nombres, que no tuvieran ningún tipo de incompatibilidad.
 
Nosotros pensamos que todo este concurso debería ser declarado nulo porque desde el comienzo ha estado lleno de irregularidades, como las siguientes: se haya permitido que postulen como abogados quienes se desempeñan como magistrados; que algunos hayan sido declarados aptos sin haber realizado el curso obligatorio de la AMAG para el ascenso de superior a supremo; etc.
 
Creemos que en nombre de la credibilidad del CNM (órgano constitucional), o, por lo menos de algunos de sus miembros, y de la legitimidad de los vocales y fiscales supremos que terminen siendo nombrados, no se puede continuar con un proceso tan cuestionado. Mas aún ahora, si El Comercio ha publicado una grave denuncia contra el consejero Anaya, por haber solicitado una contribución económica a uno de los postulantes.
 
Todos los aspirantes, aun los que siguen en carrera, deberían exigir otro concurso, para que su nombramiento como juez o fiscal supremo no quede deslegitimado para siempre.
 
Pero frente a la inexplicable y sospechosa desaprobación de Guillén en el examen, proponemos dos cosas muy concretas:
 
  • Que Guillén corrobore que el examen que corrigió Amoretti como suyo fue el que entregó, y que Amoretti, a su vez, confirme que, efectivamente, ésa es la nota desaprobatoria que puso el examen que después se supo era de Guillén. De esta manera descartamos cualquier tipo de maniobra o de sustitución de examen o cambio de nombres.
  • Que haya una segunda opinión, de un penalista riguroso e independiente, sobre la nota que merecen las respuestas de Guillén.
 De esta manera, salen ganando todos los que han dicho la verdad y los que están seguros de haber actuado con justicia y de acuerdo a ley.
 
 Por ello, en principio deberían estar de acuerdo los miembros del Consejo, Avelino Guillén, Raúl Ferrero y Amoretti.
 
¿Por qué no hacerlo? No puede ser exacto que los exámenes han sido incinerados y los archivos borrados. Esto se debe haber dicho, como una manera de tratar de salir de una “papa caliente”, como es la situación creada; pero si fuera realmente cierto, allí sí habrían razones para sospechar de quienes en tiempo récord tomaron la decisión de no dejar rastro alguno de lo que ocurrió verdaderamente con el examen de Guillén y todo el concurso que, reiteramos, debería ser declarado nulo.
 
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Autor: 
Equipo profesional de Justicia Viva
Perú / 18-02-2010