jueves, 4 de marzo de 2010

SE REACTIVA PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA INJERENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES ANTE EL CNM:


La agenda del pleno del Congreso ha programado para este jueves 4 de marzo, el debate (con carácter de urgencia), del proyecto de ley N° 3395-2009/PE

Como se recordará, este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, busca, en una clara intención de injerencia política, que quienes elijan a los 3 representantes de los colegios profesionales en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), no sean los propios agremiados sino simplemente los decanos de cada colegio.

Ya en múltiples ocasiones nos hemos manifestado en relación a los riesgos e irregularidades de dicha propuesta, la cual había sido puesta en espera a fines del año pasado, para ser sorpresivamente reactivada ahora. A pesar de las evidentes consecuencias e intereses políticos en los cuales se basa (ver: informe sobre proyecto), así como su manifiesta inconstitucionalidad, puesto que el artículo 155 de nuestra Constitución establece claramente que son los miembros de los colegios profesionales quienes eligen a su representante. Justamente por ello, distintos funcionarios y colegios profesionales han manifestado su total rechazo (ver: comunicados1, comunicados2, pronunciamiento, carta)

Incluso, lo que es aún más sorpresivo es que haya sido puesto con “carácter de urgencia”, según el propio texto de la agenda, cuando estamos en pleno proceso electoral, ya iniciado por la ONPE, para que los colegios profesionales elijan a su representante ante el CNM (ver: web del proceso). Esto, y esperamos equivocarnos, estaría anunciando la intención de querer aplicar dicho proyecto a este proceso en trámite, con lo cual todo lo ya avanzado se iría al tacho: compra de kits electorales, presentación de agremiados hábiles, sin contar el cronograma establecido y la maquinaria electoral puesta en marcha. Huelga desarrollar la sospechosa relación entre el apuro por aprobar esta norma y la situación político-institucional por la que pasó y sigue pasando el CNM.

Es necesario entonces, bajo este escenario, hacer un breve recuento de las principales incongruencias de esta propuesta. Para empezar se violan derechos políticos de todos los miembros de los colegios profesionales, ya que se vulnera un mandato constitucional claro, su participación directa en el proceso. Además, resulta absurdo que para vencer el “espíritu de cuerpo” que el proyecto de ley denuncia (siempre serían elegidos los candidatos del colegio profesional con más agremiados), se restrinja el derecho a la participación de los profesionales, cuando lo ideal sería promover la elección del candidato más idóneo sea de cualquier colegio, sea a través de debates, planes de trabajo, entre otras cosas. Evidentemente la voluntad política para hacer esto último, dista mucho de los intereses que se persiguen con el proyecto.

Incluso, el colegio profesional de profesores, colegio con más agremiados, se ha comprometido a promover la elección de un solo miembro de su gremio, a pesar que por su número, podrían ser los dos que corresponden a los colegios profesionales que no son de abogados. Dicho compromiso se hará público en un comunicado que se difundirá en los próximos días.

De otro lado, la experiencia nos dicta que el tipo de elección que se propone para este tipo de funcionarios, ha sido negativa. Aquella llevada a cabo por cabezas de institución y no mediante democracia directa. Ejemplo de esto son las dos últimas elecciones para el CNM realizadas por los rectores de las universidades en el 2005 y 2010. En el caso del 2005 las irregularidades y secretismo demostrados en el proceso llevaron a que se anulara en su primer intento. Mientras que en el 2010 no fueron elegidos los candidatos que demostraban más idoneidad. Los rectores votaron por candidatos que jamás presentaron un plan de trabajo, ni manifestaron sus ideas o perspectivas respecto al cargo, ni hicieron pública y transparente su candidatura, o participaron de entrevistas o debates en ningún momento, más allá de los mínimos normativos.

Asimismo, hemos sido testigos de sucesivos escándalos por parte de los representantes de la sociedad civil en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), elegidos por los decanos de los colegios de abogados del país. En un primer momento Luis Alberto Mena Núñez, y recientemente Hugo Salas Ortiz, quienes terminaron fuera del CEPJ.

Tal como puede apreciarse, las condiciones institucionales no están para una propuesta así, que además peca de incongruencia con la Constitución. Demás está decir, que a menor número de votantes más probabilidades de influencia política en su decisión. El Congreso está a punto de dar un gran paso, sea hacia atrás si aprueba tan cuestionable proyecto, o hacia adelante si lo rechaza, como indica el razonamiento jurídico y político.

Un último comentario. Como ya se mencionó, no deja de llamar la atención que se busque restringir la participación de los profesionales para elegir a consejeros, de la manera ya mencionada, cuando el CNM ha dado muestras de enmendar sus cuestionamientos, en especial, en relación a las anuladas elecciones de magistrados supremos. Si el Congreso quiere mostrar su interés por el CNM, debería empezar por la destitución del consejero Anaya (protagonista de recientes escándalos de corrupción), cuyo destino está en sus manos, y que no ameritaría nada menos que su retiro definitivo.

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Fuente: Equipo Profesional de Justicia Viva - IDL