lunes, 19 de abril de 2010

CUANDO TODO Y TODOS TIEMBLAN POR CULPA DE DOS USB*

¿Quién borró las información sobre el caso de los Petroaudios guardada bajo siete llaves?

La conversación entre Rómulo León Alegría y Alberto Quimper en la que celebran el “faenón” que habían hecho al conseguir que PetroPerú conceda determinados lotes petroleros a las empresa Discover Petroleum para las que ellos venían “trabajando” por lo bajo, es una pieza exquisita sobre la corrupción en el Perú relacionada a las altas esferas del poder político.

Los dos personajes que compartían sus fechorías eran muy cercanos al actual régimen político. El primero de ellos, ex ministro del primer gobierno aprista, padre de una actual congresista oficialista y quien, pese a que se creía que era otro aprista caído en desgracia por escándalos de corrupción del pasado, se descubrió que se seguía codeando con las más altas autoridades del país. El segundo, Quimper, había sido abogado nada menos que del Presidente actual, y se desempeñaba como miembro del Directorio de Perú Petro.

Por eso desde el comienzo la pregunta fue: ¿Qué tan alto ha llegado la red de corrupción descubierta en torno a licitaciones y concesiones hechas por el Estado? Pregunta aún vigente, solo que ahora las sospechas han aumentado, debido a las irregularidades que se siguen descubriendo en estos últimos días.

El escándalo fue mayor cuando se descubrió que el audio era parte de una red de espionaje, ya no vinculada a rezagos de fujimontesinismo o a algo parecido, sino de tipo industrial, es decir, de empresas contra empresas . Los elocuentes personajillos habían sido chuponeados por Business Track, empresa vinculada a varios ex miembros de la Marina, dedicada a la ilegal interceptación de conversaciones privadas por teléfono o por mail, a la que habían recurrido, no una sino muchas empresas, en nombre de la sagrada libre competencia.

Este gravísimo caso de corrupción pasó así a estar vinculado ya no solo al poder político de nuestro país sino también al económico. Y poco a poco, a los nombres iniciales, se fueron sumando otros importantísimos. Llegó un momento en que quien no había ido a la suite de Fortunato Canaán a conversar- que no es lo mismo que pactar, dijeron muchos – parecía no ser nadie. Entre los nombres que fueron apareciendo vinculados al caso, hubo varios de personas que venían caminando por el mundo como parte de lo mejor del régimen, o simplemente con una buena reputación y hasta fama de santos. Sorpresas que da la vida.

Antes fueron los vladivídeos, ahora se trataba de petro-audios y petro-mails. En ambos casos, se trataba de evidencias tan contundentes y difíciles de negar, que a partir de ellas fue muy fácil llegar y atrapar inmediatamente a varios involucrados prácticamente con las manos en la masa, lo cual, a su vez, generó más audios, mail, nombres, relaciones e imágenes.

Solo había que seguir jalando la pitita para llegar a descubrir quiénes eran todos los chuponeadores, los que habían recurrido a sus servicios y contra quiénes, y, de yapa, quiénes estaban vinculados a las actividades ilícitas de las que se hablaban en el material incautado.

Caso fácil, desde este punto de vista. Pero dada la cantidad de gente importante involucrada, el caso se fue complicando, o mejor dicho lo fueron complicando, con el propósito de impedir que prosperara.

Pasó así un año, y lo único que había eran las explicaciones de por qué no se había avanzado casi nada, y declaraciones altisonantes exigiendo velocidad, provenientes muchas veces de las autoridades que, si hubieran querido de verdad lo que decían, podrían haber tomado medidas en esa dirección, como la de disponer la dedicación exclusiva de magistrados , como se hizo para los juicios de Fujimori.

Ahí estábamos, y todo parecía indicar que esa sería la estrategia: dilatar, no actuar e ir dejando que el tiempo vuelva a hacer su parte.

Pero, otra vez, sorpresas da la vida. No fue así. Seguro hubo quienes consideraron que seguir así no garantizaba que no se produjeran otros destapes de nombres y actos ilícitos. Entonces decidieron dar un paso mucho más seguro, pero también peligroso: la clásica desaparición de pruebas. Salió entonces a la luz, la famosa noticia de la manipulación de dos USB, incautados a Giselle Gianotti, representante importantísima de Busines Track, con el fin de borrar una gran cantidad de información allí almacenada.

Un giro en el caso, que domina el debate público desde hace varias semanas y que realmente podría servir para hacer una película, pudiendo abarcar los géneros thriller, drama y hasta el de comedia.

El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía: De acusadores a acusados.
El Ministerio Público sostiene que la desaparición de evidencias, concretamente de una buena parte de la información contenida en dos USB incautados a Gianotti, ocurrió cuando los USB en cuestión los tenía ya en el Poder Judicial. El presidente de dicho Poder no solo ha negado el hecho, sino que no ha tenido ningún reparo en terminar acusando a la policía y al Ministerio Público de haber hecho un “cambiazo”; según él, se habrían incautado dos USB, pero fueron otros los que se entregaron al Poder Judicial.

Estamos pues ante dos acusaciones que de comprobarse serían delitos y que involucran, contradictoriamente, a las instituciones encargadas de perseguir y condenar el delito. El enfrentamiento entre la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ha sido, sin pelos en la lengua de parte de ambos, fuerte y directo que ha merecido la calificación de guerra de guerrillas.

Una situación gravísima, no solo porque las mutuas acusaciones contribuyen a que la ya alicaída imagen que los ciudadanos tiene del Sistema de Justicia en general se deteriore aún más, sino porque quiere decir que uno de los dos miente: o la Fiscal de la Nación o el Presidente de uno de los poderes del Estado.

Y, por tratarse de lo que se trata (alterar pruebas que comprometen a una mafia), querría decir que una de nuestras principales autoridades estaría actuando con dolo, premeditación y alevosía a favor de de esa mafia.

Lo que está en juego en este caso de petroaudios pasa así a ser más complejo e importante.

Ya no se trata solamente de descubrir a los chuponeadores, a los que los contrataron y a los representantes del poder político y económico que han actuado ilícitamente, sino de determinar si nuestras más altas autoridades del sistema de administración de justicia son cómplices o incluso, hasta parte de esta red de corrupción. Un nuevo elemento gravísimo de este escándalo que, tenemos la impresión, no se está asumiendo en la magnitud debida.

Nadie todavía está en condiciones de hacer una afirmación categórica sobre este punto, puesto que aun no se ha abierto totalmente la reserva del proceso y falta realizar una serie de investigaciones para ver la correcta o incorrecta actuación de jueces y fiscales.

Llegar a una conclusión definitiva es, asimismo, complejo porque son muchas las personas y nombres que hay involucrados, frente a las que sería ingenuo creer que se puede trazar una línea que separe a los buenos de los malos. Todos están jugando su partido, y generalmente por intereses nada santos.

Por otra parte, siendo nosotros muy críticos de los diferentes órganos de nuestro sistema de Justicia (comenzando por el Poder Judicial y el Ministerio Público) mal haríamos en jugarnos a priori a favor de uno de ellos, o confiar a fe ciega sobre lo que se diga de uno u otro lado. Aunque sabemos también, que en ambos ámbitos, hay magistrados probos y de alto nivel profesional, que no se prestarían a incurrir en actos ilícitos.

Por ahora solo nos queda exigir que las investigaciones avancen, y estamos preparados para ir adecuando nuestra posición, de acuerdo a lo que se vaya estableciendo de manera clara e inequívoca. Y la verdad es que, si bien nuestras especulaciones pueden apuntan en una determinada dirección, al mismo tiempo manejamos muy diversas hipótesis, porque ninguna de ellas todavía puede ser descartada totalmente.

Pero lo que sí ya está claro, por lo menos para nosotros, es que la situación sobre la actuación del sistema de justicia, no puede volver a fojas cero como si nada hubiese ocurrido. Después de que la Fiscal de la Nación ha afirmado que importantes evidencias se han perdido cuando estaban siendo custodiadas nada menos que por el Presidente del Poder Judicial, y éste ha acusado al Ministerio Público de haberle dado a guardar dos USB cambiados, sólo cabe investigar a fondo lo ocurrido y llegar a un resultado muy concreto, y en función de él adoptar las medidas que corresponden.

Puntos a favor del Ministerio Público

Nuestro punto de vista es que hasta ahora la posición del Ministerio Público parece más convincente, porque se viene sustentando en hechos, datos y documentos, que pueden ser corroborados, y no se basa solo en aseveraciones subjetivas o genéricas.

Para comenzar: ¿quién denunció que se había borrado gran parte de la información contenida en los USB incautados a Gianotti? Fue el Ministerio Público.

En efecto, se sabe que el Fiscal Walter Milla López (fiscal provincial titular de la tercera fiscalía especializada en criminalidad organizada, con una buena trayectoria que supera los 15 años) fue el que, a finales de marzo, denunció formalmente ante la instancia del Ministerio Público que correspondía, que en el proceso N° 527-09, se había producido una manipulación de evidencias forenses en bienes incautados a la procesada Gianotti.

Y se refirió concretamente a las muestras identificadas con las señas MGG95 y MGG96, las que se encontraba bajo custodia de la jueza del trigésimo cuarto juzgado penal de Lima, María Elena Martínez Gutiérrez, y bajo las medidas de seguridad que en relación a dichas evidencias se habían adoptado por disposición del Presidente del Poder Judicial.

Según diferentes fuentes, en relación a la primera muestra, el 12 de enero del 2009, es decir a los pocos días de haber sido incautada (el 8 de enero), se realizó una diligencia en la que se obtuvo una imagen de dicho USB y se imprimieron la relación de archivos contenidos. Diligencia que se realizó, además, en presencia no solo de personal de la Policía y de la fiscalía, sino también de la procesada Guiselle Gianotti y de sus abogados Madeleine Reyes y Hugo Canevaro Fernández.

Esto supone que hay un documento en el que consta lo que se registró sobre este USB cuando se procedió a abrir, visualizar, escuchar, imprimir y analizar la información allí contenida. No es que se viera los contenidos, sino que se hizo una especie de índice de lo que contenía. En ese momento se encontraron en ese USB 594 objetos.

En la misma diligencia se habría dejado constancia de los datos que permiten identificar el USB incautado. Para ello se procedió a imprimir el código hash de la muestra. El mismo que justamente sirve para identificar el USB, verificándose asimismo las fechas del último acceso, de la última creación de archivo y de la última escritura.

¿Verdad o mentira? El Ministerio Público deberá exhibir el acta en cuestión, la misma que si aparece suscrita por todas las partes, no se podría negar su autenticidad y la veracidad de lo que allí se dice .

Luego se hizo lo mismo, y en presencia de las mismas personas, en relación al USB MGG96, encontrándose acá 475 objetos.

Si el Ministerio Público se tomó todo el tiempo del mundo, y en presencia de todos los interesados- quienes podían dejar constancia de cualquier desacuerdo o irregularidad- para dejar constancia de cuáles eran exactamente los USB incautados, así como los títulos de la relación de cientos de carpetas que ellos contenían, ¿cómo después decidirían cambiar o desaparecer parte de lo que ellos habían registrado minuciosamente? La maniobra resultaría inocultable, y podría ser denunciado por todos los que habían participado en la diligencia.

Sin embargo, es el Ministerio Público el que pone en conocimiento la desaparición de una gran cantidad de carpetas de los dos referidos USB.

De acuerdo a una pericia técnica en la que se basa la denuncia de la fiscalía, en el primero de los USB habían pasado a haber de 594 objetos solo 296 archivos; y en el segundo, de 475 a 296 archivos.

La magnitud de lo desaparecido es mucho mayor de lo que se cree porque no se ha reparado en que lo registrado inicialmente en relación al contenido de los USB son de “objetos”, y no de archivos, como impropiamente han creído algunos medios; y cada objeto suele tener varios files, audios, fotos etc.. Y cuando se consigna lo que queda en los USB, el número ya no se refiere a carpetas sino, ahora sí, a archivos, lo que quiere decir que lo borrado ha sido realmente muchísimo.

Es necesario tomar en cuenta, también, que quienes habrían hecho la alteración del material incautado, tienen que, necesariamente, haber dispuesto de mucho tiempo, ya que no solo se trata de gran cantidad de material, como ya se ha dicho, sino porque lo borrado no ha sido un conjunto de carpetas o files correlativos sino que se ha seleccionado lo que se sacaba y lo que se dejaba; lo que suponía haber tenido el tiempo y la oportunidad de ver todos los contenidos de ambos USB.

Según lo que ha declarado la fiscalía, el peritaje ha podido establecer que este borrado de carpetas se ha producido cuando ya los USB los tenía el Poder Judicial y no el Ministerio Público.

La pericia a la que se refiere el Ministerio Público, al parecer, establece que los dos USB habrían sido manipulados para borrar dichas carpetas en dos fechas. Primero se habló de una sola, el 4 de mayo, pero después, se ha mencionado también el 24 de abril. Y los dos USB fueron entregados a la mencionada juez del 34° Juzgado Penal de Lima, el 24 de febrero.

Obviamente lo que corresponde es revisar y estar seguros de la pericia en la que dice basarse el Ministerio Público.

¿Y por qué el Ministerio Público no terminó de ver y revisar todo el material incautado, y lo tuvo de pronto que pasar al Poder Judicial, si ya había comenzado a hacerlo?

La entrega se hizo porque así lo pidió la misma juez Martínez a pesar de que en dos oportunidades anteriores ella misma había autorizado al Ministerio Público a revisar el material. La juez declaró nula su decisión y le pidió al fiscal Milla entregar todo el material incautado. La jueza tendría que explicar este cambio de criterio.

Al parecer –aunque habría que confirmar el hecho– el cambio se habría producido además justo cuando el Ministerio Público iba a comenzar a ver los contenidos de los USB de Gianotti, o al poco tiempo de haber comenzado . ¿Coincidencia o salvados por la campana?

Es más, el Fiscal Milla solicita por escrito a la juez para que le permita continuar con la visualización de la información pero esto es negado por la juez. Y es por eso que el 24 de febrero del 2009 se efectúa el traspaso del material incautado.

¿La juez podría alegar que ella sólo se limitó a recibir lo que el Ministerio Público envió, pero sin que le conste que fuera efectivamente el material incautado?

Difícil, porque, como correspondía ella procedió a asegurarse qué estaba recibiendo. Según la información de que disponemos, la jueza Martínez habría ordenado que, en presencia del Fiscal y personal técnico del juzgado, se lleve a cabo el deslacrado de las cajas, volviendo a hacerse la identificación de todo lo que pasaba de la custodia del Ministerio Público a la del Poder Judicial .

Si esto se confirma, quiere decir que la juez tuvo la oportunidad de verificar y dejar constancia qué era lo que exactamente se le estaba entregando, y de asegurarse de que se trataba del material incautado y no de otro. Y si no lo hizo, habría sido una negligencia de su parte, puesto que resulta de sentido común que un juez no puede recibir algo para custodiarlo, sin saber y verificar lo que está recibiendo. Otro punto pendiente de investigación.

Si no hay ningún hecho que desmienta que la entrega del material incautado al Poder Judicial no fue hecha el 24 de febrero, y que la pericia luego realizada arrojó que las manipulaciones de los USB se habría realizado los días 27 de abril y 4 de mayo, quedaría demostrado que el Ministerio Público no es responsable del borrado de carpetas.

La información que se maneja es que los días 5 y 8 de marzo de este año se realizaron las pericias de la visualización, escucha y transcripción de los USB referidos, en sede judicial y nuevamente en presencia de todas las partes procesales. Y que estas pericias dieron como resultado, que las fechas de creación, modificación y último acceso de estas evidencias ya no eran las consignadas en las actas anteriores sino el 27 de abril y 4 de mayo del 2009. Para ello al parecer se compró y utilizó adecuadamente un software encase forensic, que, según los expertos es seguro e imposible que llegue a resultados equivocados.

¿En esa pericia se verificó los códigos hash de los dos USB, que son los que garantizan que son los mismos? Todo parece indicar que sí. Sin embargo, parece ser que el Presidente del Poder Judicial cree que es a este nivel que se demostraría que estamos ante otros USB, mientras que el Ministerio Público habría negado el hecho. Punto, entonces, que falta verificar de manera muy concreta.

Pero, en todo caso, siempre subsistiría la pregunta, ¿cómo es que, si viendo el código hash se podía llegar a concluir que habría habido un cambio de USB, la jueza aceptó recibirlos y cautelarlos? ¿O es que la jueza recibe los USB con los mismos códigos de la incautación, y posteriormente aparecen con otros códigos? Si fuera esto último, volveríamos al hecho de que los cambios se realizaron cuando los USB ya estaban en el Poder Judicial.

El Ministerio Público ha considerado tan grave lo ocurrido que ha solicitado intervenga tanto el Órgano de Control de la Magistratura (la OCMA, órgano de control disciplinario perteneciente al Poder Judicial) así, como las fiscalías provinciales penales, de acuerdo a sus atribuciones, lo que quiere decir que está apuntando a descubrir la comisión de un nuevo delito en el manejo del elemento probatorio del caso.

El Ministerio Público también ha alegado a su favor, que en tres oportunidades le solicitó formalmente a la jueza Martínez, mediante los dictámenes correspondientes, se priorizara las diligencias de visualización de dicho material. Las tres veces fueron además antes de la primera fecha en que se alteró el material.

¿Por qué no se aceptó el pedido del Ministerio Público, sobre todo si había sido a iniciativa de la jueza que el material había sido dejado de ser revisado por el fiscal, a fin de que pueda ser revisado por ella?

Cuestionamientos contra la Jueza

Desde el comienzo también se cuestiono válidamente al Poder Judicial por nombrar a una juez de paz letrada para que se encargue de este caso tan difícil, cuando existen jueces penales titulares con mucha experiencia. ¿Por qué recurrir a un juez que, como magistrado penal, es provisional, pues solo es titular a nivel de juez de paz? Podría alegarse que inicialmente se trató de un proceso sumario, pero cuando lo dejó de ser, se pudo también cambiar de un juez de paz letrado a uno penal especializado.

El doctor Villa Stein explicó que no hay nada que cuestionar ya que esa era una atribución que le correspondía al controversial magistrado Vega Vega, y, por tanto, él tenía el derecho de escoger a quien mejor le pareciera. Sin embargo, subiste la pregunta: ¿con qué criterio decidió que lo haría mejor una jueza así y no uno titular y con experiencia en lo penal?

La otra explicación que dió sobre el punto Villa Stein en el Congreso solo puede calificarse de surrealista. Para él, con el nombramiento de jueces pasa lo mismo que con los bailarines de marinera: se tiene o no oído para bailar. Por tanto, según él, no importa si era titular o provisional, sino su capacidad, la que según el Presidente de la Suprema, ha quedado demostrado.

De otro lado, no puede dejar de considerarse que el propio Ministerio Público solicitó la inhibición de la jueza Martínez por dudar de su imparcialidad.

Dicha solicitud se interpuso bastante tiempo atrás, en abril de 2009, por considerar que le venía dando un trato preferente a las peticiones de la defensa de la procesada Gianotti. El Juzgado declaró infundada la inhibición, y la fiscalía cumplió con interponer apelación.

El Ministerio Público ha señalado que una vez que no procedió la inhibición solicitada, lo que hizo fue exhortar a la juez a adoptar medidas de seguridad para preservar el material incautado, y hasta le llegó a hacer recomendaciones para ello. Sería bueno también ver en qué consistieron estos pedidos, que deben constar en el expediente.

No hay duda de que falta escuchar la versión de la jueza, que hasta ahora no ha podido expresarse por la reserva del proceso.

Aunque ella acaba de adelantar que tiene cómo probar que en varias oportunidades le pidió al Fiscal Milla le envíe cualquier copia que pudiera tener de los USB o audios en general, ya que estos se estaban filtrando a la prensa; y que el Ministerio Público contestó por escrito que no existían dichas copias, lo cual demostraría que en este caso sería el fiscal quien mintió, porque después se presentaron la famosa copia espejo.

También ha dicho que hay envíos que se le han hecho de parte del Ministerio Público que deberían estar firmadas por las partes procesales y que, sin embrago, solo aparecen las firmas de miembros de la policía o dela autoridad fiscal.

Puntos a responder por el Ministerio Público

Una de las críticas contra el Ministerio Público es por qué se permite que sea la DIRANDRO la entidad de la policía que interviene en el caso, cuando el Ministerio Público tiene a policías especializados para este tipo de investigación.

El cuestionamiento se convierte en sospecha cuando se constata que en ese momento el jefe de la Dinandro era el general Hidalgo, oficial de la Policía considerado muy cercano e incondicional a García.

La respuesta extra oficial ha sido que sólo la DIRANDRO cuenta con los equipos tecnológicos para hacer las pericias que se realizaron, ya que le fueron donados por la DEA Aun así, constituye un punto que explicar, así como sería importante investigar quiénes concretamente intervinieron, de qué manera y en presencia de quienes, especialmente en el caso del general Hidalgo

Se trata de un aspecto importante ya que el Presidente de la Corte Suprema ha dicho que la responsabilidad de las irregularidades ocurridas en relación al material incautado podría estar a nivel de Ministerio Público pero también de la Policía.

Por otra parte, el periódico La Primera ha informado que desde el comienzo, aún antes de que la opinión pública conociera los petroaudios, la Fiscal de la Nación comenzó a visitar al Presidente García para informarle del contenido de determinados audios comprometedores , y para coordinar con él la estrategia que mejor convenía para el gobierno del partido aprista.

Si bien sabemos que la Fiscal de la Nación y su esposo –y ella nunca lo ha negado-son ideológicamente simpatizantes del APRA, y que lo que se dice es que ella actúa independientemente, siempre y cuando no se ponga en riesgo a García o algún otro alto dirigente del Gobierno o del Partido, lo cierto es que en muchas oportunidades hemos sido testigos de que su independencia ha primado por encima de cualquier otra consideración.

Si bien corresponde que ella aclare si es verdad o falso que ha venido visitando a García, también es cierto que no tendría lógica que si fuera cierto que ha estado vinculada a la desaparición de los audios o mail que pudieran vincular a García y a otros altos dirigentes políticos con el caso, después haya sido el Ministerio Público el que denuncie el hecho. Más aún si, tarde o temprano, se va a saber lo que contenían las carpetas que se intentó desaparecer, a partir de una copia espejo, guardada y proporcionada por el mismo Ministerio Público.

Si el Ministerio Público no hubiera hecho dicha copia, o no hubiese informado de su existencia, o la hubiese entregado conjuntamente con el material incautado (como algunos vienen diciendo que se debió proceder) actualmente no tendríamos forma de saber quiénes se benefician con la desaparición de este borrado de audios y mail.

Aun así, siempre hay que tener mucho cuidado con la injerencia política en todos los órganos del sistema de justicia, ya que es una constante de nuestra historia, y muy característico de la manera de gobernar del APRA durante su primer Gobierno, y en este segundo también.

La respuesta de Villa Stein

El Presidente del Poder Judicial lo primero que sostuvo fue que era imposible que en el Poder Judicial se haya producido cualquier tipo de manipulación o alteración, o que el material estaba en una bóveda con mil mecanismos de seguridad, resguardadas por más de seis cámaras de televisión, por todo tipo de detectores, etc.

Por tanto, de haber ocurrido cualquier tipo de irregularidad, serían de responsabilidad, según él, de la policía y, especialmente, del Ministerio Público.

Pero tal como le contestó la Fiscal de la Nación, él puede decir que la operación es imposible por el sistema de seguridad adoptado, pero lo real es que ocurrió. Si no, cómo se explica que el peritaje haya determinado que las fechas de las manipulaciones fueron el 24 de abril y el 5 de mayo.

Debe ser, por ello, que cuando se presentó recientemente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, cambió de estrategia de defensa. Allí informó sobre lo que él mismo llamó una “primicia” : que lo que había llegado al Poder Judicial no eran los USB incautados sino otros. Algo que tendrá que ser acreditado fehacientemente, ya que va contra las diligencias que el Ministerio Público ha declarado se hicieron para, precisamente, identificar plenamente a los dos USB incautados y que fueron entregados a la Jueza Martínez con el mismo código .

En términos generales la presentación del Presidente ante el Congreso fue bastante deficiente, ya que sólo se limitó a hacer aseveraciones sin haber llevado ningún tipo de dato o prueba, como la gravedad de la situación exigía.

Incluso tuvo salidas realmente incomprensibles viniendo de quien es la máxima autoridad judicial. Por ejemplo, cuando el congresista fujimorista Souza acusa a la Juez Martínez de haber “filtrado” información contra la esposa de Humala (lo cual después ha sido desmentido mediante comunicado por el Poder Judicial), Villa Stein increpa a los congresistas que primero se quejen cuando la juez nos les quiere dar información, y después “la echen”, como acababa de hacer Souza.

En contra del Poder Judicial está asimismo el hecho de que no es la primera vez que en él se pierdan objetos supuestamente resguardados bajo estrictas medidas de seguridad. Por ejemplo, nunca se encontró el vladivídeo sobre “reunión de jueces”, y recientemente también ha habido una pérdida importante de recursos en la Corte Superior de Lima.

Siempre fue también sospechoso que no se hiciera nada contra la demora (van más de 14 meses), o que se permitiera una serie de actuaciones contradictorias y hasta irregulares por parte de los diferentes jueces que han estado vinculados con los petrouadios. Como también lo fue el hecho de que el Poder Judicial se negara tercamente a compartir la información sobre el caso con el Congreso, y en varias ocasiones no permitiera la participación del Ministerio Público en determinadas diligencias.

En los próximos días, no existiendo ya la reserva del proceso, podremos ver todo el material que contienen los expedientes. Se podrán hacer además las pericias técnicas para determinar de manera segura si son o no los USB incautados, y cuándo fueron modificados por última vez. También podremos ver la copia espejo, la misma que con buen criterio, la jueza Martínez ha aceptado como medio probatorio (punto a favor suyo) y podremos ver quiénes aparecen en los mail, vídeos y demás documentos que pretendieron desaparecer.

El desenlace de esta gravísima confrontación entre la Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial, se tiene que resolver estableciendo claramente la verdad para determinar inequívocamente quién ha actuado bien y quién mal, quién mintió y quién no.

No sólo porque si esto no ocurre se pondrá en cuestión para siempre la investigación policial, fiscal y judicial en relación a un caso de corrupción tan grave e importante, sino porque – como hemos dicho– crearía ya una total duda y falta de legitimidad en relación a un sistema de justicia, que, por el contrario, requiere urgentemente ser salvado del descrédito y falta de confianza con hechos concretos y con la idoneidad de sus integrantes.

Una última reflexión: ¿qué tan comprometedora y grave deberá ser la información que se pretende ocultar, que se ha preferido pasar por el escándalo que era fácil de prever que ocurriría cuando se descubriera la alteración de los USB incautados? ¿Llegaremos a conocer exactamente toda la información que se ha querido desaparecer? Lo sabremos pronto. En todo caso, quien también debe tener copia de toda la información es la misma Gianotti, con la que ella puede hundir o salvar a muchos de los involucrados que todavía permanecen en la sombra. Habrá que ver, también, cómo en el futuro se va administrando esta fuente de poder.

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*FUENTE: http://www.revistaideele.com - Autor: Ernesto de la Jara