martes, 27 de abril de 2010

SELVA DE CEMENTO


¿Arancelar o no arancelar? Ése fue el dilema que hace algunos días removió el ámbito económico nacional. El motivo: la decisión del Tribunal Constitucional de reponer el 12% de impuesto a la importación de cemento, lo que desató una protesta casi unísona de especialistas jurídicos y económicos. Quizá el argumento jurídico sea altamente cuestionable (como creemos nosotros); quizá no tanto. Concentrémonos en estas páginas solo en lo económico y dejemos que los juristas desembrollen sus rollos.

La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, ha dicho: “Es una leguleyada del TC… están invadiendo los fueros del Ejecutivo”. Fritz Dubois plantea: “Un golpe de Estado negociado”. Cecilia Blume alerta: “Ahora los pobres pagarán más y comprarán menos”. El presidente García se quejó de que el TC “invadió sus fueros”.

Es curioso que, a la hora de criticar la reposición de los aranceles, muchos especialistas en economía se transformen en juristas reprochando el fallo del TC y no defiendan los beneficios económicos que implica el arancel 0 a los cementos.

La rebaja de aranceles es una política que sirve para dinamizar la economía. Bien aplicada puede tener efectos positivos, y mal aplicada, negativos. Ni panacea ni veneno.

Los economistas liberales ortodoxos son afectos a la rebaja de aranceles, y los críticos de esta doctrina son más cautelosos. Más allá del debate doctrinario, las cosas empeoran en uno u otro sentido cuando la política se aplica de manera errónea. Un ejemplo de ello es bajar los aranceles de manera unilateral e inconsulta. El Perú estaba negociando en esos momentos un Acuerdo de Compensación Económica con México, cuando de pronto el Ejecutivo dio la orden de bajar a 0 los aranceles del cemento. Un producto que ni siquiera estaba en la relación, sino que fue introducido por las patas de los caballos. Lo que, en el mejor de los casos, resulta un absurdo, tal como denuncia el economista Humberto Campodónico:

“Nuestros negociadores comerciales se quedaron sin piso, porque a partir de los aranceles existentes estaban negociando otras rebajas; pero como el Perú decide rebajar unilateralmente, la conversación comienza de nuevo desde un nivel más bajo para nuestro país, lo cual nos perjudicó. Nos ha costado mucho dinero. Hemos entregado el mercado interno peruano prácticamente sin negociación alguna. Se trata de una política del Gobierno muy mala. Fue también inconsulta, porque no se consultó con ninguno de los sectores industriales involucrados. Se afirma que los aranceles para el cemento no estaban en la relación del Ministro y que fueron incluidos al final debido a un lobby político. Yo hubiera estado de acuerdo con una rebaja de aranceles para bienes de capital que no se producen en el Perú, porque te abarata el costo de maquinarias, pero no hay razón para bienes de consumo o productos suntuarios; esos hay que negociarlos. Justamente un TLC implica negociación. Si yo bajo unilateralmente los aranceles, entonces no he negociado nada”.

El costo de esa jugada fue nada menos que 3.000 millones de soles en el 2008. Según la SUNAT, ésa fue la cantidad que dejó de percibir el fisco por la rebaja de aranceles.

El efecto terremoto

La historia —para algunos— y la excusa —para otros— empezó en el año 2007, cuando el Ejecutivo decidió la rebaja al 0% de los aranceles al cemento con el objetivo de alentar una rebaja de precios luego de que el Perú sufriera un fuerte sismo en Pisco. De acuerdo con la proyección presidencial, la rebaja del arancel debía expresarse en una rebaja del precio del cemento que facilite la reconstrucción de la zona afectada. El achica-precio nunca llegó, y la reconstrucción sigue siendo una broma de mal gusto.

El presidente García afirmó que en esto del cemento se movía mucho dinero. Aunque él en ese momento estaba insinuando motivaciones pecuniarias en el TC, razón no le falta, debido a la cantidad de dinero que ha dejado de percibir el fisco por la audacia de rebajar a 0% el arancel, y por el dinero que ganó Cemex en todo este tiempo.

“Queda claro que la única redistribución del ingreso que ha ocurrido con la eliminación del arancel al cemento decretada arbitrariamente por el MEF es la que va del fisco peruano (que perdió la recaudación arancelaria) a la empresa cementera mexicana (que ganó la suma que perdió el fisco). Y si se restaura el arancel original de 12%, lo único que pasará es que la cementera perderá y el fisco ganará. El punto esencial es que el precio interno del cemento importado no bajó cuando bajó el arancel (y, suponemos, no subirá si sube el arancel)”, concluyó Oscart Dancourt en medio de un intenso intercambio de opiniones en el gremio de economistas.

Como apunta Dancourt, los supuestos beneficiarios, los que iban a poder construir sus casas con un cemento más barato, nunca vieron esa rebaja, porque el cemento siguió costando lo mismo. Antes de la movida arancelaria, el precio de la bolsa de 45 kilos de cemento era de 17 soles con 20 centavos. Después, el precio seguía siendo de 17 soles con 20 centavos. Los únicos que ganaron fueron, entonces, los amigos de Cemex.

El hilo de la madeja (¿o de la marmaja?)

Cemex es un viejo conocido en nuestra política. Cuando sucedió el caso de los “petroaudios”, el hilo de la madeja terminó siendo esta empresa mexicana. Una de las hipótesis de mayor fuerza es que Cementos Lima habría contratado los servicios de Bussines Track para espiar las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno y Cemex, pues tenían sospechas de que existía un lobby para favorecer a la empresa mexicana. A pesar de que Cementos Lima ha desmentido esta versión, quienes han investigado a fondo el caso insisten en que ese vínculo existió.

Es bueno seguir haciendo memoria. Cuando la rebaja de aranceles, el Ministro de Economía era Luis Carranza, y el de Vivienda, nada menos que Hernán Garrido Lecca. En esa época ya se hablaba de supuestos lobbys y del involucramiento del ex Ministro en el asunto.

“La leyenda urbana de que yo tuve algo que ver con Cemex, que hice un lobby para que le bajaran los aranceles a Cemex, es absolutamente falsa. Yo tomé decisiones; era Ministro de Vivienda. Los costos estaban aumentando; mi trabajo era ver qué podía hacer para reducir costos. Es que ése es mi estilo. Lo que pasa es que también depende de los estilos con que tú hagas las cosas. O sea, si haces las cosas abiertamente, no tiene nada de malo que converse con todos”, le respondió un poco convincente Garrido Lecca a la periodista Paola Ugaz en octubre del 2008.

Al ex Ministro también se le acusa de haber hecho lobby para que entrara el Banco Azteca en el país luego de que el Gobierno anterior le negara reiteradamente el acceso. No pasaron dos meses de gestión de Garrido y ya el banco mexicano tenía lista la licencia.

La obcecación presidencial con que se defiende esta rebaja unilateral de aranceles, que al cabo de dos años no exhibe beneficios para la población, y más bien sí muchas pérdidas para el Estado, no hace sino reforzar la idea de que existen intereses económicos puntuales más allá del dogma con que se le pueda disfrazar.

Y encima de todo: dumping

Cementos Lima denunció en su momento que Cemex había ingresado cemento al mercado peruano a precios de dumping; es decir, usando una estrategia de competencia desleal que consiste en vender los productos a precios más bajos que los del mercado para destruir la industria nacional y apoderarse, así, de todo el comercio de este producto. Esta denuncia fue corroborada por Indecopi, pero no se aplicaron sanciones a Cemex debido a que la cantidad de cemento que se importaba no ponía en riesgo a la industria nacional. Sin embargo, admitían el dumping.

“Lo que han tratado de hacer es destruir la competencia local. Si bien por algunas consideraciones que establece la Organización Mundial del Comercio no se ha sancionado, al menos la SUNAT debió decir algo, porque están declarando por menos precio del que entra en República Dominicana”, advierte Humberto Campodónico. El economista sostiene que deberían establecerse precios de referencia mínimos para no permitir que se declaren precios menores, lo que perjudica a la industria nacional y, además, permite que se paguen menos impuestos, lo que es contrario a los intereses del Estado.

Por lo visto, el dilema entre arancelar y no arancelar excede el ámbito de los intereses de la macroeconomía nacional para depositarse en la de algunos macro-bolsillos. Es saludable discutir sobre las políticas que le convienen a nuestra patria. Se puede ser partidario del libre mercado, sin más ni más, o de la economía social de mercado. El problema es cuando en nombre de ciertas escuelas económicas se busca beneficiar a determinadas empresas.

Arancelar o no arancelar quizá no sea el dilema. Pero, siguiendo con Hamlet, “algo se pudre en Dinamarca”.

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Fuente: http://www.revistaideele.org/node/706