jueves, 15 de abril de 2010

TC consulta a Corte Interamericana si puede resolver conflictos entre Estado y empresas privadas*


El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan Vergara Gotelli, declaró que la institución que representa ha consultado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) si le corresponde resolver conflictos económicos que se presentan entre el Estado y empresas privadas. Este anuncio fue realizado tras recibir la visita de los magistrados de la Corte IDH. Según indicó, esto permitiría despejar las dudas en los casos de procesos de amparo que presenten las empresas al defender intereses económicos y que lleguen en última instancia al TC. (La República 13/04/2010)

Estas declaraciones merecen dos comentarios. El primero sobre la fuerza normativa del TC en el ámbito privado y con los nuevos campos de expansión de la justicia constitucional. El segundo sobre la fructífera y cada vez más intensa relación entre los tribunales nacionales e internacionales.

Sobre el primer punto debemos de expresar nuestra sorpresa por la pregunta. Es claro y además el propio TC ha reconocido en su jurisprudencia, –en palabras del profesor español Luis Prieto Sanchis– la omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente relevantes, en lugar de espacios exentos a favor de la opción legislativa o reglamentaria, así como la omnipresencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario. Bajo esta lógica, no puede haber zonas exentas de la fuerza normativa de la Constitución y en consecuencia no puede haber zonas exentas del control constitucional. Por ello, es difícil comprender la consulta que el presidente del TC le ha formulado a la Corte IDH pues las empresas también están sometidas y vinculadas a la Constitución, y a los valores principios y derechos ahí contenidos.

Este desarrollo de la justicia constitucional ha llevado a las cortes constitucionales, y en general a los jueces, a controlar no sólo los poderes públicos sino también los poderes privados; es decir, no sólo al Estado, sino también al mercado, y a desarrollar su labor de control constitucional en todos los niveles, no sólo del derecho estatal, sino también del derecho internacional. Es por ello que hoy se habla de una tendencia hacia un constitucionalismo de derecho privado, en adición al de derecho público, y finalmente de ir hacia un constitucionalismo internacional, en adición al estatal.

El otro tema tiene que ver con la relación entre el TC y la Corte IDH. Uno de los rasgos de las cortes constitucionales, de los cortes de justicia nacionales y de los tribunales internacionales de derechos humanos es el creciente diálogo y relación entre sí. Hay una tendencia mayoritaria a superar un provincianismo muchas veces chauvinista, que se cierra y se niega a reconocer el desarrollo de la jurisprudencia de tribunales extranjeros e internacionales. Por ello, respaldamos al Presidente del TC Juan Vergara Gotelli. Se observa un positivo cambio de actitud pues no podemos dejar de recordar que su posición hace un año, al asumir el cargo de presidente, era totalmente opuesta.1]En aquella oportunidad intentó prohibir a los asesores citar jurisprudencia comparada en las sentencias del TC:

"Creo que en tal sentido esta práctica [las citas de jurisprudencia extranjera en nuestras sentencias] en nuestro medio resulta peligrosa dado que en materia de jurisprudencia, aquí y allá, ayer y hoy, siempre se podrá encontrar decisiones en un sentido y en otro sobre el mismo tema –porque los tribunales están conformados por jueces de distinta opinión o porque a veces cambian– prestándose a la manipulación. Incluso me atrevería a decir que estamos ante una forma sutil de prevaricación porque es posible buscar la jurisprudencia que más conviene al sentido del fallo que uno quiere. La decisión, pues, debe ser construida en base al derecho vigente y a los hechos concretos del caso. Las citas deben ceñirse a lo que el propio Tribunal Constitucional viene diciendo homogéneamente en sus resoluciones." (p. 11)

La propuesta de Vergara Gotelli era preocupante y así lo expresamos en su momento. Señalamos que iba contra una tendencia de la justicia constitucional comparada: el diálogo de los diferentes tribunales constitucionales y de los tribunales de protección supranacional de derechos fundamentales. Las cortes se leen mutuamente, se van apoyando y “haciendo préstamos recíprocos”, pues muchas veces a pesar de las distancias y diferencias, tienen problemas comunes, sobre todo en una materia de carácter universal como la de los derechos humanos.

No solo iba contra una tendencia moderna de la justicia constitucional comparada, sino contra la doctrina de autores que aportaron a la reflexión del Estado Constitucional de Derecho. Un autor reconocido, como Peter Haberle, precisó por ejemplo que el derecho constitucional comparado es el “quinto elemento de interpretación constitucional”2] Ciertamente, no basta con citar la sentencia de una Corte Constitucional extranjera para validar un documento o una posición, esta tiene fuerza ilustrativa que no vincula al juez, su fuerza está en su consistencia y en su solidez argumentativa que aporta a la motivación de la resolución propia.

Advertimos un cambio de opinión y lo saludamos. Además esta posición del Presidente del TC es coherente con el intenso uso que hace el TC de la rica jurisprudencia de la Corte IDH en materia de derechos humanos. No tiene sentido prohibir recurrir a la jurisprudencia de cortes constitucionales tan prestigiosas como en el caso alemán, español o italiano. Resultaría cuestionable.

----------------------------------------------

*Fuente: Justicia Viva. Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda. Perú. 14-04-2010

[1]Cfr. “Análisis del discurso del nuevo presidente del TC al asumir el cargo: razones para preocuparse”, Justicia Viva Mail Nº 345, 10 de enero del 2009. Ver en http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/enero/05/345.pdf.

[2]Peter Haberle. El Estado Constitucional, UNAM, México, 2001, pp. 162 y ss. Según este autor, la comparación jurídica es el quinto método de interpretación constitucional.