martes, 7 de septiembre de 2010

EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1097: Retórica para un proyecto normativo de impunidad anunciado.

La Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima, integrada por las juezas Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra, deberá rechazar el pedido formulado hoy por los miembros del Grupo Colina, en aplicación del Decreto Legislativo N° 1097 demandó Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal. Fue al comentar la demanda del Grupo Colina, quienes pidieron acogerse al Decreto Legislativo Nº 1097, que adelanta la aplicación de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, tal como lo hizo el viernes último el ex director de la DINTE, general (r) Juan Rivero Lazo. “Ojalá que la invocación, pedido, que han hecho los familiares de las víctimas [del caso Barrios Altos] y las organizaciones no gubernamentales [sea atendida por], la [Primera] Sala Penal Especial de la Corte de Lima, que inaplique esa demanda por considerarla estrictamente inconstitucional [y que atenta contra los DDHH]”, expresó a Ideeleradio. “[Porque] Lo que hemos presenciado hoy durante la sesión de audiencia en el caso Barrios Altos es que todos los miembros del destacamento Colina sin excepción han solicitado su exclusión del proceso judicial en aplicación del Decreto Legislativo 1097, que fue publicado la semana pasada y que nosotros advertíamos que iba a significar una puerta abierta y amnistía encubierta para los violadores de derechos humanos”, indicó. Señaló que entre los demandantes también figura Vladimiro Montesinos Torres, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Cabe precisar que en el caso Barrios Altos son procesados, Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue, Julio Chuqui García, Jesús Sosa Saavedra, Nelson Carbajal García y Pedro Suppo Sánchez, entre otros. Finalmente, Carlos Rivera aseveró que en este caso se sienta un precedente para que el ex presidente, Alberto Fujimori, también se acoja al Decreto Legislativo Nº 1097, en la cual podría salir en libertad, en torno a su condena de 25 años de pena privativa de la libertad por los casos Barrios Altos, La Cantuta y otros. “Sin ninguna duda con este suceso Alberto Fujimori también podría salir en libertad [porque se abre la puerta de la impunidad]”, enfatizó. (1)

Sin embargo, el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, encargado del despacho de la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, desestimó la factibilidad legal del pedido de los procesados. Sánchez Velarde indicó que, efectivamente, la norma preocupa “desde el punto de vista procesal porque se está introduciendo una norma que prácticamente va a archivar *todos los procesos que están en fase de investigación*”. Sin embargo, precisó, casos como el de Colina, en la etapa oral, no pueden atenerse a esta norma de sobreseimiento. Asimismo, el fiscal precisó que la presente norma quiebra el principio de igualdad y favorece claramente a los militares y policías, según informó a Ideeleradio. “Estas normas tienen una línea y un objetivo claramente determinado que las hace, obviamente, quebrar el principio de igualdad. Es posible que una persona tenga un proceso por homicidio calificado, pero que no es militar o policía, y puede reclamar que le traten igual procesalmente hablando”, dijo.(2)

La noticia, por ser de trascendencia ha dado un vuelvo internacional; así en relación al asunt, la agencia internacional EFE ha informado, entre otros del siguiente modo: “Más de una veintena de integrantes del destacamento Colina y altos jefes militares juzgados por la matanza de 15 personas en Barrios Altos (1991) pidieron hoy acogerse al polémico decreto legislativo 1097, que permite el sobreseimiento de juicios por crímenes de lesa humanidad, informaron fuentes legales. El pedido fue formulado ante la Primera Sala Penal Especial de la Corte de Lima, que lleva desde hace más de cinco años el caso Barrios Altos, dijo a Efe la representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano. El decreto legislativo 1097, que fue promulgado la semana pasada dentro de un paquete de cuatro normas relativas a las fuerzas militares y policiales, señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia la etapa de instrucción no se dicta sentencia. Esta norma también indica, entre otros asuntos, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio. Cano explicó que los 21 acusados que pretenden acogerse a este decreto sostienen que la etapa de investigación ya prescribió, pero para rebatir este argumento, la Fiscalía ha enfatizado que el proceso está en la etapa oral y por lo tanto no puede ser sobreseído. La abogada manifestó que la parte civil también pidió ante esta sala que "se inaplique la norma porque contraviene las obligaciones internacionales del Estado peruano de investigar y sancionar a los violadores de derechos humanos", tal y como ya ha señalado anteriormente el Tribunal Constitucional de su país. Cano también subrayó que durante la etapa oral "ha habido una dilación articulada" por parte de los acusados, que no se presentaban a las sesiones, lo que ha dificultado el desarrollo de este proceso que lleva más de cinco años. "Sin embargo, el derecho a la verdad y la justicia tiene que primar en un caso como este", acotó. Los que han pedido acogerse a este decreto son el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Juan Rivero Lazo, así como varios integrantes de Colina: Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra y Wilmer Yarlequé Ordinola, entre otros, detalló la abogada de Aprodeh. Cano también subrayó que la abogada de Montesinos pidió hoy las copias certificadas del acta de la audiencia. El decreto 1097 ha sido duramente criticado por defensores de los derechos humanos en Perú, ya que puede permitir que militares, policías y políticos implicados en graves crímenes ocurridos entre 1980 y 2003 no sean sentenciados. Algunas organizaciones civiles han señalado que incluso el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad (que incluye la matanza de Barrios Altos), podría beneficiarse de estos nuevos decretos y abandonar definitivamente la prisión”

El vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, informó que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1097, promulgado recientemente por el Gobierno y que adelanta la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal en caso de violaciones a derechos humanos. El legislador opositor dijo que interpondrá el mencionado recurso al considerar que el citado decreto excede las competencias que el Congreso delegó al Ejecutivo para legislar sobre esta materia. Asimismo, Abugattás anunció que denunciará al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa, por ser –dijo- quien propuso conceder al Ejecutivo facultades en materia de normas procesales y penitenciarias, cuando el pedido original era solo para legislar en materia policial y militar y sobre el uso de la fuerza. En ese sentido, el legislador ratificó que el mencionado decreto beneficia a muchos procesados por violaciones a los derechos humanos. El Ejecutivo negó hoy que el paquete de normas emitido sobre aspectos procesales y la justicia militar policial, entre los que se encuentra el decreto 1097, busque la impunidad y beneficiar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional procesados por delitos de lesa humanidad. (3)

No obstante, “el ministro de Justicia, Víctor García Toma, señaló que presentaría su renuncia si se entregó al Congreso la exposición de motivos del Decreto Legislativo N°1097 elaborado por el ministerio de Defensa. García Toma aseguró que la norma, con una correcta interpretación, no beneficia al grupo Colina. “La versión de Defensa no es aceptable, en modo alguno, aseveró en exclusiva a Prensa Libre. Según la versión del titular de Justicia, existen dos versiones de sustentación del Decreto Legislativo 1097, la de su cartera y la de Defensa, las cuales, marcarían la interpretación. Ante ello, García Toma espera saber en las próximas horas cuál versión fue enviada al Congreso para decidir su permanencia en el gabinete ministerial”. (4)

Sin embargo, “el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, aseguró que el ministro de Justicia, Víctor García Toma, no renunciará a su cargo tras haberse superado el "incidente" por el decreto legislativo 1097...informó hoy que se ha respetado el acuerdo que se adoptó en Consejo de Ministros sobre este tema, aunque no precisó cuál era. "Se ha respetado el acuerdo que se tomo en Consejo de Ministros. Acabo de hablar con él (García Toma) y con el ministro Rafael Rey y está superado el incidente. Los ministros continúan en funciones", anotó. (5)

El abogado Nolberto Lamilla Aguilar sostiene que con este decreto los delitos de lesa humanidad sólo se judicializarán desde el 2003 hacia adelante. “Entonces todos los actos de violación de derechos humanos perpetrados hasta el año 2002 se caen, como Cabitos, Accomarca y Cayara. Es una norma de impunidad que busca proteger a Alan García que está involucrado en varios casos de violación de derechos humanos”, manifestó. (6)

Punto controvertido es el de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. El Perú suscribió en el 2003 una convención internacional sobre la materia, a la cual le añadió una reserva sobre su aplicación. Para el Estado, la norma debía aplicarse para los casos cometidos luego de la aprobación del tratado, cuestión que es reiterada en el DL. Sin embargo, existen normas internacionales que señalan que una norma interna no puede traicionar el objeto y fin del tratado, que es evitar la impunidad en estos casos, por lo que ni la reserva ni este punto del Decreto podrían ser aplicables. Además, parte de la solución a este punto controvertido pasa por aplicar las diversas sentencias existentes en el sistema interamericano sobre la imprescriptibilidad de violaciones de derechos humanos, así como la ponderación entre derechos fundamentales y un instrumento de política criminal - no es un derecho - como es la prescripción. (7)

No obstante, son diversas las posiciones sobre el tema, por la trascendencia de la decisión, es necesaria una aclaratoria desde el punto de vista de la exposición de motivos que rige la Ley, un pronunciamiento formal del Ejecutivo, respecto de los casos en que se esté invocando los beneficios del Decreto Legislativo en comentario; caso contrario la verdad se resumiría, para nuestra pena, aunque de manera satírica en la siguiente caricatura del genial Carlín publicada en el Diario de la República.




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1. Ideeleradio.

2. Diario el Comercio.
3. Diario Perú 21.
4. Diario la República.
5. http://www.rpp.com.pe/
6. http://www.noticiasser.pe/
7. http://www.desdeeltercerpiso.com/