viernes, 11 de febrero de 2011

TC CREA RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL CONTRA LA VULNERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL:*

Hace unos meses, mediante la sentencia recaída en el expediente Nº 02663-2009-HC, el Tribunal Constitucional (TC) creó el denominado recurso de agravio constitucional (RAC) por la vulneración del orden constitucional. La causa era un habeas corpus presentado contra una sentencia suprema que declaraba nulo un proceso penal sobre tráfico ilícito de drogas que ordenaba la realización de un nuevo juicio oral.

Los hechos que desencadenaron esta sentencia se desarrollaron de la siguiente manera: el 18 de julio de 2008 se interpuso demanda de hábeas corpus contra los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, con el objeto de que se declare la nulidad de la sentencia suprema de fecha 14 de noviembre de 2006 (R. N.º 2150-2005), en la parte que absolvía al procesado por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado y que ordenaba la realización de un nuevo juicio oral. Se alegaba la violación de los derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, específicamente el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable del encausado pues era la tercera vez que se declara la nulidad del juicio oral con sentencia absolutoria para el recurrente, y el proceso ya duraba 15 años[1].

Tras el análisis de estos hechos, el TC decidió resolver que los procuradores públicos podrán interponer Recurso de Agravio Constitucional (RAC), sin plazo de prescripción, para impedir la vulneración y aplicación fraudulenta de la Constitución, en los procesos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Se mencionó que el TC “es competente para revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias que bajo el pretexto de proteger ciertos derechos fundamentales, convaliden la vulneración real de los mismos o constitucionalicen situaciones en las que se ha producido un abuso de derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta contravención de los dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución”.[2]

Debemos recordar que nuestro Código Procesal Constitucional en su artículo 18 establece que el RAC procede contra las resoluciones de segundo grado expedidas por las salas superiores que declaren infundada o improcedente la demanda. Por ello, se desprende que lo planteado por el TC es un recurso de naturaleza excepcional,[3]la figura jurídica del “recurso de agravio constitucional excepcional por vulneración del orden constitucional en materia de tráfico ilícito de drogas”.

El TC llega a desarrollar este nuevo instrumento jurídico debido a que su labor no solo se limita a la tutela y optimización de los derechos fundamentales, “sino también controla el correcto funcionamiento de los órganos del Estado, de manera que se preserven las competencias establecidas por la Norma Fundamental y en definitiva, prevalezca el principio de supremacía constitucional”.[4] Además de esta función ─ que tendría su fundamento en el principio de corrección funcional─ el TC señala que tiene como deber la protección del orden constitucional, y “debe estar provisto de las herramientas e instrumentos procesales idóneos para tal efecto, para evitar que por “defecto”, se terminen constitucionalizando situaciones que, aunque aparecen revestidas de un manto de “constitucionalidad”, en la práctica contienen un uso fraudulento de la Constitución o bajo el manto protector de los derechos fundamentales, se pretenda convalidar la vulneración de aquellos o una situación en la que se ha configurado un abuso de derecho”.[5]

Anteriormente, el TC en la sentencia recaída en el Exp. Nº 02748-2010-PHC/TC, había establecido las reglas procesales que se deben seguir al momento de evaluar la razonabilidad de la duración de la investigación preliminar en los casos de presunto delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos. En esta sentencia el TC precisó que los jueces deben evaluar la complejidad del caso en función de criterios objetivos y subjetivos especificados en la sentencia, añadiendo que los procuradores del Estado podrán interponer RAC aún si existe resolución estimatoria de segundo grado y con prescindencia del plazo.[6]

En la sentencia analizada, el TC concluye en que al ser la lucha contra el tráfico ilícito de drogas uno de los fines del Estado peruano debe habilitarse excepcionalmente la vía del RAC, para permitir que el colegiado conozca de procesos constitucionales relacionados con este tipo de delitos y que evidencien un abuso de la jurisdicción constitucional.[7]

Como puede advertirse, para que proceda este nuevo RAC se deben dar los siguientes elementos:

Primero.- Estar ante resoluciones estimatorias donde se invoca la protección de ciertos derechos fundamentales.

Segundo.- Estar ante resoluciones que, no obstante, convaliden la vulneración de derechos fundamentales “convaliden la vulneración real de los mismos”

Tercero.- O estar ante resoluciones que constitucionalicen situaciones en las que se ha producido un abuso de derecho o la aplicación fraudulenta de la Constitución.

Cuarto.- Que la resolución estimatoria, en realidad, esté en “abierta contravención de los dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución”.

Podemos concluir que el TC ha creado una regla procesal que permitirá colaborar en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos, para evitar dejar en la impunidad estos delitos.
Sin embargo, debemos plantear algunas críticas. En primer lugar, el TC debe de ser más coherente con su doctrina jurisprudencial, ya que debemos recordar que este mismo TC resolvió dejar sin efecto el precedente establecido en el fundamento 40 de la STC 04853-2004-PA/TC (Dirección Regional de Pesquería)[8]En esta oportunidad se perdió una herramienta de concreción de las sentencias del TC, ya que ese recurso de agravio constitucional, a favor del precedente, obligaba a todos los órganos del Estado a cumplir el mandato de los precedentes constitucionales emitidos por el mismo TC., que fijaba reglas vinculantes del recurso de agravio constitucional a favor del precedente, estableciendo nuevas y puntuales normas procesales en la sentencia Nº 3908-2007-PA/TC (Provías).

Asimismo, otra crítica que se le puede hacer a esta sentencia, es que la técnica legislativa y de argumentación es muy escasa, puesto que en la sentencia del Exp. Nº 04853-2004-PA/TC, antes mencionada, desarrolla de manera más amplia y concisa (delimitando de manera clara los supuestos a los que se aplicaba esta herramienta procesal a favor de los precedentes del TC), características que no posee esta sentencia. Más aun, si entendemos que esta decisión modifica el Código Procesal Constitucional, en su artículo 18, creemos que por lo menos debió estar mejor motivada

Igualmente, si bien esta sentencia forma parte de la doctrina constitucional del TC, al modificar el Código Procesal Constitucional, esta debió de hacerse por medio de la técnica del precedente vinculante[9]la jurisprudencia constitucional, a diferencia del precedente, “no hace alusión a una norma de efecto vinculante en general (…) sino a una repetición de criterios normativos contenidos en sus sentencias, y que (…), debe ser observado por todos los jueces y tribunales”[10]. Mientras que el precedente está expresado en términos precisos como reglas puntuales y de obligatorio cumplimiento por todos los poderes del Estado y privados., ya que

De la misma forma, creemos que este RAC excepcional debió ser más amplio en los supuestos a ser aplicados, puesto que no solo los crímenes de tráfico ilícito de drogas y de lavado de activos están destruyendo el país, sino también los que atentan contra los derechos humanos; es decir, los crímenes de lesa humanidad que son igual de complejos y requieren de una tutela igual de especial.

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* Luis Roel Alva: en línea http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=471

[1] STC. Nº 2663-2009-HC/TC, Antecedentes.

[2] STC. Nº 2663-2009-HC/TC, f. j. 9

[3] STC. Nº 2663-2009-HC/TC, f. j. 11

[4] STC. Nº 2663-2009-HC/TC, f. j. 5

[5] STC. Nº 2663-2009-HC/TC, f. j. 6

[6] Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=360

[7] STC. Nº 2663-2009-HC/TC, f. j. 11

[8] En este caso el TC se establecieron nuevas reglas procesales sobre el recurso de amparo contra amparo; pero lo más importante es que fijó el recurso de agravio constitucional a favor del precedente vinculante, es decir, la procedencia del recurso de agravio constitucional contra la sentencia estimatoria de segunda instancia que vulnere el precedente vinculante emitido por el TC.

[9] Según el Tribunal Constitucional, el precedente constitucional vinculante “(…) es una disposición jurídica expuesta en un caso particular y concreto, que el Tribunal Constitucional ha decidido establecer como regla general; y, que por ende deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga.” STC. 0024-2003-AI/TC

[10] RODRÍGUEZ SANTANDER citado por ABAD YUPANQUI, Samuel. El proceso constitucional de amparo, 2ªed., Lima (Gaceta Jurídica), 2008, p. 657.