miércoles, 14 de septiembre de 2011

La mejor “mano dura” es la prevención del delito.

En febrero del 2007, el Área de Seguridad Ciudadana del IDL informaba que la encuesta que encargaron a IMASEN revelaba que la principal preocupación de los limeños era el robo en las calles (80%), seguida por el temor a ser víctima de agresión de las pandillas juveniles (55%).

El 18 de julio del 2011, el diario El Comercio publicó los resultados de la encuesta que encomendó a Ipsos Apoyo, que revela que el 50% de los entrevistados consideraban que la delincuencia y la falta de seguridad eran los problemas que con mayor urgencia debía afrontar el nuevo Gobierno. Más atrás se ubicaba la corrupción (37%), y luego el desempleo (36%).

La percepción de los altos niveles de inseguridad ciudadana no solo ocurre en nuestro país: alcanza también a las principales ciudades del mundo. Quizá ello explique por qué el criminólogo español Antonio García-Pablos advierte que en nuestra sociedad prevalece un sentimiento colectivo de inseguridad ciudadana, y que esté generalizado el temor a convertirse en una víctima, al punto que constituimos una “sociedad de víctimas potenciales”.

Es probable que los niveles de inseguridad en nuestro país estén ligeramente elevados por la recurrencia de lamentables hechos de gran notoriedad. Sin embargo, es incontestable que la criminalidad está en aumento, y que ello demanda la adopción de medidas para enfrentarla. El dilema está en el camino que se ha de tomar: insistimos en acciones de corte populista o aprovechamos favorablemente la coyuntura para hacerlo con seriedad y contundencia.

La primera alternativa supondría limitar la discusión al incremento de penas, prohibición de beneficios penitenciarios, transformación de las garantías procesales en simples requisitos administrativos, más policías, serenos y cámaras de video en las calles, reconstrucción de El Frontón y el Sepa, y, por supuesto, discursos enérgicos como expresión del ejercicio de autoridad.

La segunda alternativa demandaría el diseño de mecanismos de corto, mediano y largo plazo, tanto en represión como en prevención, de manera que se pueda enfrentar con eficacia a la criminalidad activa y reducir sustantivamente su expansión. Para ello sería necesario convocar a la Policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al INPE, al Congreso de la República, a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a la empresa privada y a la sociedad civil, para solicitarles la revisión de sus procedimientos y de sus acciones, así como la reformulación de éstos desde una doble perspectiva: represión y prevención. Obviamente, cada uno desde su posición, y con el énfasis diferenciado por razones de función.

Ha sido esta alternativa efectista la que se ha adoptado en los últimos 20 años, con los resultados que están a la vista. Por ello, el inicio de un nuevo periodo gubernamental y el liderazgo que el Presidente de la República ha decidido asumir al conducir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana pueden ser ocasiones extraordinarias para optar por la segunda alternativa, en cuya dirección anotamos las líneas siguientes.

La “mano dura” contra la delincuencia no se opone a un sistema penal proporcional ni democrático:

Las principales propuestas que escuchamos estos días para enfrentar la criminalidad pueden resumirse en más cárcel con penas altas y sin beneficios penitenciarios, restricción de las garantías procesales, y hasta el retorno a sistemas de procesamiento con jueces sin rostro.

Aunque discutibles por sus efectos, las acciones destinadas a prolongar la detención constituyen una alternativa de política criminal, aunque ello incremente más el hacinamiento en las prisiones. Sin embargo, no se puede ponderar como racional la reducción de las garantías procesales, pues —visto en su verdadera dimensión— se trata de límites al sistema penal que han sido diseñados universalmente para todos los ciudadanos sin excepción, para los que delinquen y para los que no.

La experiencia enseña que muchas personas son involucradas en procesos penales solo por encontrarse en la hora y el lugar equivocados, por error y hasta por venganza. De hecho, en los últimos 20 años se ha procesado a ex presidentes de la república, congresistas, ministros, militares, policías, funcionarios, y a miles de ciudadanos. Muchos fueron condenados y otros absueltos, pero algo tuvieron en común: en su momento, todos invocaron las garantías que el sistema penal les ofrecía. Por ello, mientras no se descubra un “ADN delictivo” que permita a los jueces establecer, con una fiabilidad del 99,99%, quién delinquió y quién no, esa pretensión resulta arbitraria.

En consecuencia, bienvenida la “mano dura”, siempre que respete el principio de proporcionalidad, no amenace la libertad de los ciudadanos y se diseñe con rigor técnico y no político, sobre la base de dos aspectos básicos: la delincuencia está compuesta por segmentos diferenciados, y no todo privado de libertad tiene el mismo perfil criminógeno. Por tanto, las medidas tendrán que ser diferenciadas, pues ignorar ese dato fáctico supondrá tratar por igual a quienes tienen al delito como medio de vida y a aquellos que aún no han definido su vocación por él.

La “mano dura” contra la delincuencia “pesada” debe ser tarea de la Policía especializada:

En el ámbito de la represión, la acción directa contra la delincuencia organizada debe tener el propósito de capturar y evitar que corone su objetivo. También, ofrecer sólidas investigaciones para facilitar la labor de la justicia, tareas que competen a las unidades especializadas de la Policía Nacional. Por ello, en este caso la “mano dura” debería expresarse en la dotación de logística, tecnología, inteligencia y capacitación.

Quienes hemos visitado tales dependencias constatamos con asombro dos hechos: la precariedad material en la que trabajan, y la pérdida de olfato en la investigación criminal por la falta de especialización y la intensa rotación a la que son sometidas cada año. Se debe remontar esa situación, pues solo una Policía especializada y bien equipada puede ejercer “mano dura”.

La “mano dura” contra la delincuencia no organizada:

La delincuencia “doméstica” y no organizada es uno de los factores generadores de inseguridad ciudadana, y la acción directa contra ella corresponde a la Policía de las comisarías, el Serenazgo, la seguridad privada y las juntas vecinales. Para ellos, las cámaras de vigilancia, el patrullaje en motos o bicicletas y los puestos policiales descentralizados sí resultan disuasivos. Desde mi perspectiva, la articulación de todos estos actores constituye la verdadera “mano dura” para enfrentar este tipo de delincuencia.

La prevención es también compatible con la “mano dura”:

No hay “mano dura” más eficaz contra la delincuencia que las acciones de prevención, porque reducen sustantivamente su recurrencia en el tiempo. Sin embargo, es lo que menos se ha hecho, quizá porque no produce resultados a corto plazo o porque nos limitamos a observar los efectos de la delincuencia y no sus causas.

Prevención supone trabajar en el fortalecimiento de valores en las familias y en los colegios, generar oportunidades para los jóvenes, resolver el drama de los niños de la calle para no asegurarles por omisión una fecunda vida delictiva, entre otras tantas actividades.

Además, contra lo que la mayoría supone, “prevención” es también usar racionalmente la cárcel, no solo porque jamás resocializa, sino porque reproduce violencia y expande catastróficamente la subcultura carcelaria, que se traduce luego en reincidencia y, por tanto, en inseguridad ciudadana.

Finalmente, una consideración desde la criminología (que no es literatura sino realidad): la seguridad ciudadana concentra sus esfuerzos en más policías, serenos y cámaras de video, y olvida un principio básico: el fenómeno de la criminalidad tiene raíces sociales, razón por la cual no se pude combatir solo con leyes drásticas y pura represión.

Hoy tenemos la oportunidad de enfrentarla seriamente. En unos meses veremos si nos ganó, otra vez, el deseo de la foto inmediata.
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Autor: Wilfredo Pedraza.
Fuente: http://www.revistaideele.com