miércoles, 19 de octubre de 2011

Cuando el negocio pide!!

Ya desde hace mucho tiempo se viene propulsando la despenalización de los “delitos de prensa”, teniéndose como fundamento del mencionado lobbie el hecho de que se “debe evitar que el gobierno busque silenciar a la prensa independiente”.

La inauguración de la 67 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue aprovechada por el titular de este organismo, Gonzalo Marroquín, para pedirle al presidente Ollanta Humala que despenalice los llamados delitos de prensa en el Perú. Durante su discurso, Marroquín advirtió que en América Latina, gobiernos como los de Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia han buscado silenciar a la prensa independiente. Explicó que para ello aprueban leyes restrictivas en materia de libertad de prensa, realizan persecuciones judiciales a periodistas y medios de comunicación y manipulan la publicidad oficial como premio o castigo. Por ello, solicitó públicamente al jefe de Estado que "impulse la despenalización de los delitos de difamación como una muestra de tolerancia, pero también para fortalecer y promover el libre flujo informativo y el derecho a la información del pueblo peruano". (1)

Haber, separemos las papas de camotes.

Una prensa independiente siempre ha supuesto un peligro o por lo menos una incomodidad, para los poderes establecidos. Ya la explotación de la imprenta de Johan Gutenberg, puesta a punto de a mediados del siglo XV, quedó bajo custodia de las monarquías absolutistas que regían Europa y que se apresuraron a reservarse el monopolio. Poco después a comienzos del siglo XVI el cardenal Wolsey eminencia del reinado de Enrique VIII de Inglaterra dijo “debemos destruir a la prensa o la prensa nos destruirá a nosotros” Wolsey sintetizaba los ánimos de palacio y de la iglesia hacia un medio que pese a las prevenciones escapaba a su control (…). La prensa escrita cobró fuerza a principio de las primeras décadas del siglo XIX (…)(2) y el día de hoy su rol en suma medida más preponderante, importante pero a la vez influyente. 

Indudablemente para nosotros tal como mencionara Tomás Jefferson la base de un gobierno es la opinión del pueblo y el primer y más importante objetivo es mantenerla incólume. No obstante, como en todo campo social, siempre existe el riesgo del fraude, y precisamente el periodismo no es la excepción.

Pero, ¿qué pasa si la opinión del pueblo se va sedimentando en la difamación cometida por sus agentes?

Supongamos que una semana antes de elecciones presidenciales en segunda y definitiva vuelta electoral, hubiera salido un periodista a difamar a un candidato, con un programa exclusivo para destrozarlo política y socialmente, a fin de que determinado candidato de su preferencia, que al mismo tiempo es impulsado y promovido por intereses particulares, hubiera manifestado que su adversario “tiene un video con un narcotraficante consumando un negocio ilegal y matando a un agente infiltrado”?

La respuesta es lógica, las intensiones de voto afectarían al candidato acusado al extremo que este perdería las elecciones, pues el efecto mediato es la opinión del pueblo. Ollanta Humala ganó no solo por la sombra de la corrupción del partido adversario y por su buen asesoramiento, sino porque también el marco legal vigente impedía que “periodistas” como Jaime Bayly pudieran decir acusaciones como la descrita anteriormente, ya que solo podría haber manifestado ello, si tenía una prueba contundente de lo que aseveraría, pues una cosa es pagar una fuerte multa y otra muy diferente estar en prisión.

Así, es lógico que los dueños de una empresa periodística y periodistas estarían totalmente dispuestos a pagar una multa por la propagación de una noticia difamatoria a favor de alguien y en contra de otra, puesto que han recibido un pago ilegal mayor, sin embargo la idea misma de estar entre rejas los limitaría.

Por ello siempre hemos sostenido que el derecho penal sanciona lo malo por malo y el derecho administrativo lo malo por prohibido, de ello se desprende que la sanción penal es una sanción social mientras que una sanción administrativa una sanción institucional.

Así como se lesiona la opinión valedera y real de un pueblo, es lógico que su sanción también sea social a través del derecho penal.

Por tanto, consideramos que el problema no es el marco legal, vale decir la tipificación penal de las acciones antijurídicas y culpables que lesionen el honor de las personas, ya que qué mejor que el derecho penal para garantizar un derecho constitucionalmente reconocido, máxime si se regula la exceptio veritatis como medio ideal para que quien dice algo respecto del honor de una persona lo pueda probar.

Ello nos invita a reflexionar los siguientes aspectos:
  • Ningún derecho fundamental es ilimitado(3) . De concebir el derecho de opinión y difusión del pensamiento como ilimitado puede dar lugar al fomento y/o consumación de acciones criminales como la ejemplificada anteriormente.
  • No se puede atribuir a la injuria, calumnia y difamación la calidad de “delitos de prensa”, ya que los mencionados ilícitos penales pueden ser cometidos por cualquier simple mortal, dependiendo el medio y la situación en que se consuman, por ello dentro de nuestra legislación se tipifican como “delitos contra el honor de la persona”.
  • Despenalizar la injuria, calumnia y difamación, implicaría modificar el artículo 1° de la constitución y otros, así como contradecir y mutilar el criterio del tribunal constitucional desde su creación, incluido precedentes constitucionales vinculantes y la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema de Justicia.
 ¿Qué pasó con quienes se rasgaban las vestiduras con la idea de que se modifique la constitución, en esta ultima lid electoral?

La historia misma demuestra que ningún conflicto social se cubre con rigurosidad, ejemplos sobran, tales como los reportes de la guerra civil norteamericana, donde Wilburg Storey del Chicago Times instruyó a sus corresponsales que “telegrafién todas las noticias que puedan. Cuando no hayan noticias telegrafíen rumores”(4) .

Hay dos géneros básicos de periodismo, cada uno con sus características propias. El primero es el periodismo informativo y puede optar la forma de crónica, reportaje o entrevista; el segundo es el interpretativo u opinante que se expresa en el artículo editorial y la columna pero también en el comentario y las críticas. A juicio de CP Scott editor del diario inglés The Guardiam, “las opiniones son gratuitas; los hechos son sagrados”. Toda la prensa seria del mundo busca separar la opinión de la información. Las páginas informativas suelen ser responsabilidad exclusiva de los periodistas, en tanto que las interpretativas están abiertas a colaboradores externos. En algunos diarios se puede apreciar un trato divergente a un mismo tema en las crónicas y editoriales(5) ; es por ello que el riesgo del fraude en la actividad periodística es tremendo.
Por otro lado, las primeras agencias de noticias, surgieron como respuesta a la creciente demanda de información internacional. Muchos diarios carecían de recursos para costear corresponsales propios y estaban dispuestos a pagar un servicio. La noticia comercializada a través de una agencia se convirtió en mercancía de consumo masivo(6) , consumo que dada de manera irregular y faltando la verdad puede lesionar los intereses del pueblo.

Finalmente, la palabra prensa evoca noticias y una amplia gama de servicios. En realidad, los contenidos periodísticos es una economía de mercado, son un anzuelo para el propósito central de los medios: ganar dinero. Diarios, radios y televisión son antes que nada un negocio. Y como en toda empresa, lo que interesa al propietario o a la junta de accionistas, más que la gloria de los grandes reportajes, son los dividendos. El columnista norteamericano A.J. Liebling sintetiza la simbiosis entre la noticia y el lucro: “La función de la prensa es informar, pero su papel es hacer dinero”(7), teniendo como majestad de su actividad el rating.

Abraham Lincoln en referencia al Diario Times de Londres y su rol poco verás a favor de su gobierno en la Guerra de Secesión manifestó con cierta ironía “es uno de los poderes más grandes del mundo, en realidad no conozco nada que tenga tanto poder, quizás con la excepción del río Mississipi”.

Si se despenalizan los delitos contra el honor, entre ellos, la difamación, conforme lo quiere cierto sector de la prensa, en pro de salvaguardar sus fines más no los del pueblo, nosotros diríamos lo mismo hasta por el Diario “El chino”, incluso a pesar de ser dueños del río más caudaloso del mundo-el Amazonas. Acaso, no resulta una situación por lo demás ilógica?

Ojala que no se vea este proyecto en el legislativo, ya que el creador de los pishtacos está de congresista!!!

Por lo manifestado, la pretendida despenalización de la difamación, no obedece a que ha sido pedida por el pueblo, sino por el negocio de la prensa.

"Q" a "P" señor presidente, el anterior gobierno ya despenalizó los delitos económicos como el abuso de posición de dominio en el mercado, aspecto que debe remediar, en beneficio de la canasta familiar!! Los efectos de esta medida ya se están viendo en la concertación de precios del GNV!!!

Ojala que no pase lo mismo con los delitos contra el honor, entre ellos la difamación.
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(1) Diario Correo. Perú 19 de octubre de 2011.

(2) (4) (5) (6) (7) : RAÚL SOHR: “Historia y poder de la prensa” Editorial Andrés Bello. España 1998. Pág. 22 - 28 - 93 - 93 - 112

(3) Sobre la relatividad de los derechos fundamentales, en sentencia normativa de 21 de julio de 2005, expediente N° OO19-2OO5-PI/TC, caso: Inconstitucionalidad parcial del artículo 47° del Código Penal, modificado por la Ley N° 28568 [Fundamento 12].

(imágenes) Web.