jueves, 13 de septiembre de 2012

La Penalización del negacionismo y el MOVADEF como factor mediático de su origen:

Definitivamente, solo Dios y los imbéciles no se equivocan, no obstante considero que una propuesta jurídica o acto gubernamental serio, de lo que menos debe preocuparse es de presión mediática alguna, lamentablemente en nuestro país se vienen aprobando normas o proyectandose algunas, lesionándose lineamientos básicos de la doctrina jurídica.

Así mediante el presente, trataré de esbozar criterios concretos bajo los cuales, el Proyecto de Ley Nº 1464/2012-PE (que incorpora el artículo 316-A al Código Penal para sancionar a quienes aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas "establecidos en sentencia judicial firme", en adelante “Ley del Negacionismo”); constituye un error jurídico y ofensa a la magistratura del Derecho Penal y Constitucional, así como un serio indicador de la Asesoría Jurídica que tiene el Poder Ejecutivo.

La iniciativa reprime con pena de cárcel entre cuatro y ocho años a quienes mediante acciones públicas enaltezcan al responsable de acciones terroristas, estimulen la violencia, hostilicen a las víctimas o realicen adoctrinamiento, según el proyecto del Ejecutivo, dicha norma se justifica principalmente en:

1. Que, la libertad de ideas no puede afectar la paz social ni "generar un clima de opinión a favor del terrorismo".

2. Que, "no se puede permitir que por una concepción errada de la libertad de expresión se menosprecie y lesione la dignidad de un grupo social afectado por los actos terroristas".

3. Que, la propuesta se dirige a quienes afecten el sistema democrático y que por ello "no vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión".

4. Que, según el Tribunal Constitucional "no existen derechos fundamentales absolutos".


Del factor mediático.

El proyecto de Ley bajo análisis ha sido la primera respuesta del gobierno a tratar de frenar en parte la avalancha mediática propugnada tanto por la prensa responsable como por la oposición del actual gobierno (nada nuevo en nuestra realidad política nacional), a razón del accionar solapado y peligroso del MOVADEF, organización dirigida por ideólogos y miembros del Grupo Subversivo Sendero Luminoso, que a suerte de falsificadores de la historia, tiene entre sus lineamientos hacer una extrema justificación de la ideología propugnada por su líder Abimael Guzmán Reynoso la cual trajo consigo un saldo trágico de cerca de treinta mil seres humanos asesinados, siendo uno de sus máximos representantes Alfredo Crespo (ex presidiario sentenciado por terrorismo y abogado defensor del autodenominado “Presidente Gonzalo”)

Partamos por indicar, que esta clase de accionar, no es única en el mundo; por el contrario, existe una sarta de imbéciles que como Crespo se consideran “revisionistas históricos”, así tenemos por ejemplo a David John Cawdell Irving (Inglaterra) para quien Hitler es un buen hombre que hizo lo correcto y que el genocidio practicado por este profeta del odio (como acertadamente lo ha descrito Gonzalo Portocarrero) no existió, sino que es producto de un fraude, incluso niega que hayan existido sus métodos para el exterminio masivo, como las cámaras de gas o campos de exterminio; pobre imbécil que como un estafador de la historia sería capaz de negar la existencia del sistema jurídico de configuró el tercer Reich para dar legitimidad a estas aberraciones. En esta conducta de locura se encuentran otras personas como David Hoggan, Ernst Zündel, Joseph Burg, David Cole, Robert Faurisson, entre otros hijos de puta.

Ahora bien, “en los últimos tiempos, el Derecho penal ha experimentado un fenómeno de crecimiento, pasando a intervenir ha ámbitos que no habían sido hasta ahora objeto de regulación penal, mediante la introducción de nuevos tipos penales en el código penal o leyes especiales, así como, ampliando los supuestos típicos donde este ya había intervenido o una agravación punitiva de tipos tradicionales. Dicho de otra forma, se están endureciendo las penas, y se plantea la introducción de nuevas sanciones. Así también, se distingue la reducción de garantías procesales en aras de una mayor “eficacia” global en la persecución del delito. A este fenómeno se le denomina “expansión del Derecho penal” (1)

Así, el proyecto de ley de negacionismo presentado y defendido por el ejecutivo, además de ser un ejemplo de esta irresponsable tendencia, constituye a nivel jurídico un craso error, ya que sus lineamientos, en el extremo de tipología penal, se encuentran regulados en el artículo 316 del Código Penal en materia de apología del delito de terrorismo, que prescribe:


“El que públicamente hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. (…) 2. Si la apología se hace de delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. Si se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, como Internet u otros análogos, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años; imponiéndose trescientos sesenta días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal.” (2)

Como se puede apreciar el proyecto incluso disminuiría la pena, lo cual resulta otro desatino descomunal que acarrería incluso problemas de interpretación, entendiendo el principio de indubio pro reo reconocido constitucionalmente.

De los derechos fundamentales y la lógica jurídica como su eje:

Si bien es cierto los derechos fundamentales como el de Libertad y de Expresión, no son absolutos, el criterio delimitador de su relatividad, debe enmarcarse dentro de la lógica jurídica de su bloque de constitucionalidad, es decir de la leyes especiales que los regulan o garantizan.

En tal sentido, “así como existe un deber del Estado de proteger los derechos fundamentales –que no son derechos absolutos– también está en la obligación de tutelar otros bienes constitucionales, tales como la protección de la población de las amenazas contra su seguridad (artículo 44º de la Constitución), frente a actos que conllevan a la comisión de delitos tan graves como el de terrorismo”(3) , pero ello no quiere decir que para tal efecto se deben desnaturalizar los procedimientos jurídicos, como aferrarse a la tendencia de la expansión del derecho penal, que parte por negar el carácter de ultima ratio que tiene o ampliando los supuestos típicos donde este ya había intervenido.

Bajo este contexto, si bien la libertad de ideas no puede afectar la paz social ni "generar un clima de opinión a favor del terrorismo" y por otro lado "no se puede permitir que por una concepción errada de la libertad de expresión se menosprecie y lesione la dignidad de un grupo social afectado por los actos terroristas", son los sectores del poder ejecutivo los llamados a desarrollar políticas administrativas que garanticen el ejercicio regular de estos derechos; por ello los ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta a una o varias áreas programáticas de acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos y metas, conforme lo establece la Ley Nº 29158.

Entonces, estando regulado el delito de apología ¿la actividad del MOVADEF no es un problema educativo y de seguridad nacional?: consideramos que si. ¿Es un problema de persecución penal? definitivamente, consideramos que no.

Por ello, acaso el sistema educativo del país, no es el primer sector llamado a evitar que jóvenes sin experiencia directa de la guerra que desató Sendero Luminoso, puedan concebir a Abimael Guzmán como una víctima del sistema a quien se debe admirar o defender?

¿Acaso el sector educativo, no está llamado a hacer entender a ésta juventud actual que los militantes de sendero luminoso no pueden ser considerados prisioneros de guerra pues ellos eran los primeros cobardes que mataban por la espalda y violaban las convenciones de Ginebra en los campos de batalla?

 Por su puesto que sí, curricularmente a través de cursos como realidad nacional, literatura, filosofía; por ejemplo buena medida sería difundir obras a fines como la denominada “Profetas del Odio: raíces culturales y liderazgo de Sendero Luminoso” Fondo Editorial de la PUCP, 2012 de Gonzalo Portocarrero, la cual consideramos un serio aporte al problema.

Por otro lado, a nivel organizacional, la selección docente además de exigir la incolumidad de los antecedentes de los profesores debe exigir un orden de evaluación meritocrático. Lamentablemente en la tierra del Inca, de Mariátegui y de un Nobel; aún los solucionarios de examen docente se venden a destajo antes de que este se lleve a cabo, aún hay imbéciles que como crespo enseñan en universidades y bajo so pretexto de ser “trabajadores nombrados” no se les puede destituir. En este extremo hasta el Poder Judicial debe aceptar que muchas veces manda a reincorporar trabajadores de comprobada trayectoria senderista.

En igual modo ¿acaso el Sector del Interior, no es el llamado a garantizar que esta clase de “ideólogos” o profetas del odio, estén debida y meticulosamente vigilados, en lugar de hacer reglajes innecesarios y que solo obedecen a intereses particulares y no nacionales? Por supuesto que si.

Pero no, en nuestro país así como en otros, los problemas sociales se pretenden solucionarlos con emitir leyes que penalicen supuestos que a pesar de estar regulados penalmente, tranquilamente pueden ser atendidos con una función administrativa, por otro lado como si el Poder Judicial fuera una institución que no tiene carga procesal; el colmo en verdad.

Señores, decir que Uchuracay, Vilcashuaman, Lucanamarca, Acobamba, Cayara, Tarata, los asesinatos de sacerdotes como Víctor Acuña, de magistrados como César Ruiz Trigoso (luego de dos días de sentenciar a Morote), de periodistas como Bárbara Daquile que se dedicaba a documentales naturales y otras personas socialmente destacables, no son actos terroristas, es una locura que solo puede ser enfrentada con ideas sólidas y responsables, no populistas.

La correcta y responsable cultura legislativa es la que trasciende, no la que aspira aliviar un factor mediático.

Si el problema MOVADEF e instituciones a fines no se enfrenta mediante un sistema educativo responsable y de Inteligencia, grupos extremistas, podrían convertirse en el mejor semillero de jóvenes delincuentes, como Sonia Rosas Córdova “Camarada Karina” quien era una de las principales piezas en el aparato dinamitero que azolaba la ciudad limeña a fines de los 80’s.

El ejecutivo a través de políticas claras debe ser fuente de una juventud generacional de ideas, no de una juventud que sea borrega del consumo.

Nuestro sistema educativo debe afianzar en la psiquis de nuestros jóvenes y adultos que en una verdadera noción de democracia, no se puede transformar a tu pueblo matándolo, que la revolución no solo supone el uso de armas y que las bibliotecas, museos, teatros, centros de investigación y universidades no pueden prosperar al lado de campos de concentración o con el aporte de personas que conforman organizaciones como el MOVADEF o que están en su línea ideológica.

Partamos por difundir a nuestra juventud, que el MOVADEF y sus lineamientos son inviables, pues el indulto supone el perdón, la amnistía el olvido; y ambos por una noción humana, no puede darse a delincuentes - enemigos de la sociedad, que a pesar de habernos hecho daño y estar presos, aún son un peligro, pues llevan odio en su corazón, no están arrepentidos.

Finalmente, si bien es cierto desde el punto de vista metodológico - jurídico el proyecto de ley del Negacionismo es observable, si hay que acudir a  su aprobación como medida desesperada para no perder otra generación y evitar el infierno vivido a causa de Sendero Luminoso, hay que aceptar esta medida; exigiendo el cabal cumplimiento de los operadores administrativos y jurisdiccionales.
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(1) Al respecto, Gracia Martín sostiene que: “el Derecho penal moderno tiene ante todo una dimensión clara y manifiestamente cuantitativa que se traduce en una importante ampliación de la intervención penal y, por ello, en un relevante incremento de su extensión actual en comparación con la que tenía en el momento histórico precedente. Se observa además por algunos, que esta ampliación tiene el aspecto de una tendencia que parece no encontrar límites. Por ello, son muchos los autores que, al evaluar la trascendencia del Derecho penal moderno para el conjunto del sistema consideran que, en el momento histórico actual, cabría hablar de la existencia de un movimiento de expansión del Derecho penal”. GRACIA MARTÍN, Luis. Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2003, p. 58

(2) Artículo 316 del Código Penal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 982, publicado el 22 julio 2007, cuyo texto es el siguiente: “Apología: El que públicamente hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 1. Si la apología se hace de delito previsto en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 346 al 350 o en la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de cuatro ni mayor de seis años, doscientos cincuenta días multa, e inhabilitación conforme a los incisos 2,4 y 8 del artículo 36 del Código Penal. 2. Si la apología se hace de delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. Si se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, como Internet u otros análogos, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años; imponiéndose trescientos sesenta días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal.”

(3) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: PLENO JURISDICCIONAL 003-2005-PI/TC

(4) Algunas de las imagenes han sido tomadas de La Revista Caretas Edicion Especial "El PErú en los tiempos del Terror: La Verdad Sobre el Espanto" que desde luego recomendamos.